Premier Eduardo Arana rechazó denuncias contra Dina Boluarte: “No tienen futuro procesal ni constitucional”

Este miércoles, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, expresó el rechazo del Ejecutivo a las cinco denuncias constitucionales presentadas por la Fiscalía de la Nación contra la mandataria Dina Boluarte. En conferencia de prensa, tras la sesión del Consejo de Ministros, el premier afirmó que las acusaciones representan una “politización de la justicia” y carecen de sustento jurídico.

“Queremos expresar nuestro rechazo total al uso indebido de los mecanismos de la justicia (…) desde la más alta esfera de una institución como el Ministerio Público”, declaró Arana en su pronunciamiento. Según sostuvo, las acciones de la fiscal Delia Espinoza, titular interina del Ministerio Público, configuran una instrumentalización de los mecanismos legales contra la presidenta.

“Denuncias no se ajustan a la Constitución”

El jefe del Gabinete Ministerial argumentó que ninguna de las acusaciones presentadas corresponde a las causales establecidas en el artículo 117 de la Constitución. Esta norma solo permite procesar a un presidente en funciones por traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso fuera del marco legal o impedir el funcionamiento de los organismos electorales.

“Conforme al artículo 117, el presidente solo puede ser denunciado por cuatro causales tasadas. Evidentemente, ninguno de estos casos se ajusta a lo previsto en la Constitución”, sostuvo Arana, quien además descartó que el Gobierno esté realizando una defensa cerrada de Boluarte. Aseguró que el Ejecutivo simplemente cuestiona lo que considera un uso político del sistema judicial.

También señaló que las investigaciones de la Fiscalía “no han sido prolijas” y que las denuncias no lograrán determinar responsabilidad penal alguna. “No tienen ni asidero ni futuro procesal ni constitucional”, puntualizó.

Las cinco denuncias contra Dina Boluarte

En menos de 48 horas, la Fiscalía presentó cinco denuncias constitucionales contra Dina Boluarte, todas ellas el jueves 16 y viernes 17 de mayo.

1. Caso Cirugías: Se imputa la presunta comisión del delito de omisión de funciones y, de manera alternativa, abandono del cargo por haberse sometido a intervenciones estéticas en junio de 2023 mientras ejercía funciones como jefa de Estado.
2. Caso ‘El Cofre’: Acusación por encubrimiento personal tras supuestamente facilitar la fuga del prófugo Vladimir Cerrón a bordo de un vehículo de Palacio de Gobierno sin posibilidad de ser intervenido por la Policía.
3. Caso Rolex y joyas: Presunto enriquecimiento ilícito agravado y omisión de consignar declaraciones en documentos oficiales. La Fiscalía señala que Boluarte habría incrementado su patrimonio de forma irregular.
4. Colusión agravada: Por el presunto favorecimiento al contratar a Víctor Hugo Torres Merino, un amigo de infancia de su hermano, Nicanor Boluarte, como proveedor de servicios en dos programas clave del MIDIS: Qali Warma y el programa PAIS.
5. Caso Protestas: Presuntas lesiones leves y graves por las muertes ocurridas durante las manifestaciones sociales de 2022 y 2023 en diversas regiones del país.

Todas las denuncias ya fueron enviadas al Congreso de la República, instancia que deberá decidir si admite su trámite y eventualmente autoriza su procesamiento. Por lo pronto, el Ejecutivo se mantiene firme en su postura de rechazo, mientras las investigaciones fiscales continúan en paralelo.

Dina Boluarte blindada

Los detalles sobre un presunto intento de Dina Boluarte, presidenta de la República del Perú, para incrementar su salario no serán revelados oficialmente. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) declaró como “confidenciales” los documentos relacionados con este tema, argumentando que el aumento debe ser aprobado por el Consejo de Ministros, lo que lo convierte en una decisión de gobierno de interés público.

En respuesta a solicitudes de acceso a la información realizadas por los medios La Encerrona y Panorama, la PCM señaló que la confidencialidad de los documentos permite denegar el acceso a dicha información, citando excepciones legales. Este pronunciamiento fue emitido bajo la dirección del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.