Pataz: gremio minero acusa pérdidas mensuales superiores a los US$80 millones para el país por operaciones suspendidas

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) advirtió que la reciente decisión del Gobierno peruano de suspender las actividades mineras en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, en la región La Libertad, podría tener graves consecuencias económicas, sociales y operativas.

Según informó el gremio, esta medida, que afecta tanto a la minería ilegal como a las empresas formales, pone en riesgo la infraestructura minera, los empleos y la estabilidad económica de la región, además de facilitar el avance de la minería ilegal.

Paralización de operaciones auríferas en Pataz costaría US$80 al Perú: SNMPE

De acuerdo con la SNMPE, la paralización de las actividades mineras formales durante 30 días refleja un desconocimiento por parte del Gobierno sobre las complejidades del sector.

El gremio señaló que detener las operaciones de manera abrupta puede generar daños irreversibles en la infraestructura minera, como el colapso de presas de relaves, inundaciones o acumulación de gases, debido a la falta de personal encargado del monitoreo y mantenimiento.

Además, alertó que esta decisión podría permitir que los mineros ilegales y organizaciones criminales tomen control de las galerías de las empresas formales.

SNMPE: se perderán más de 4.000 empleos directos e indirectos

El impacto económico de esta medida también es importante. Según la SNMPE, la región La Libertad, que aporta el 33% de la producción de oro del país, perderá aproximadamente 25 millones de soles mensuales en concepto de canon y regalías.

Asimismo, las exportaciones dejarían de percibir más de 80 millones de dólares al mes. Además, se estima que más de 4.000 empleos directos e indirectos están en riesgo, lo que afectará no solo a los trabajadores, sino también a contratistas, pequeños negocios y comunidades vecinas que dependen de la actividad minera.

El gremio también criticó la falta de acción del Estado frente a la minería ilegal, que ha proliferado en la provincia de Pataz y otras regiones del país. Según la SNMPE, las empresas formales no solo enfrentan los embates de estas actividades ilícitas, muchas veces vinculadas a mafias criminales, sino también la ineficacia del Gobierno para combatir este problema.

En este contexto, el gremio cuestionó que la suspensión de las actividades formales sea considerada una solución, cuando las bocaminas ilegales están georreferenciadas y podrían ser intervenidas de manera precisa por las autoridades.

Cuestionan respuesta por parte del Minem

La SNMPE también señaló que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha mostrado poca capacidad para gestionar un proceso de formalización minera efectivo.

Según el gremio, la falta de control y supervisión ha permitido que la formalización se desvirtúe, convirtiéndose en un incentivo para que la minería ilegal opere bajo una fachada de legalidad.

Además, responsabilizó al Congreso de la República por la aprobación de continuas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), lo que, según la SNMPE, ha servido para encubrir actividades ilícitas.

Minería ilegal de oro: gremio minero pide al Gobierno reconsiderar su decisión

En términos sociales, el gremio destacó que la paralización de las actividades mineras formales podría derivar en la suspensión perfecta de labores, dejando a los trabajadores sin ingresos y rompiendo la cadena de pagos. Esto afectaría no solo a las empresas mineras, sino también a las comunidades que dependen de los servicios y empleos generados por estas operaciones.

Finalmente, la SNMPE expresó su preocupación por el impacto que esta medida tendrá en la inversión privada. Según el gremio, la decisión del Ejecutivo envía una señal negativa a los inversionistas, al perturbar la estabilidad jurídica y afectar derechos constitucionales. Esto, advirtió, podría desalentar la llegada de nuevos capitales al país, en un momento en que la economía peruana enfrenta múltiples desafíos.

En este contexto, la SNMPE reiteró su disposición a colaborar con el Gobierno para combatir la minería ilegal y garantizar el desarrollo sostenible del sector. Sin embargo, insistió en que la suspensión de las actividades formales no es la solución adecuada y pidió al Ejecutivo reconsiderar su decisión para evitar mayores perjuicios a la región y al país.