La legisladora Jhakeline Katy Ugarte Mamani, del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, ha presentado una propuesta legislativa que contempla el traslado de internos con condenas por delitos graves a centros penitenciarios de máxima seguridad en El Salvador. Esta medida forma parte de una iniciativa bilateral orientada a aliviar la situación crítica de los penales en Perú y a reforzar el control institucional frente al crimen organizado.
El proyecto de ley sugiere una colaboración directa entre ambos Estados para enviar a condenados por sicariato, homicidio calificado, extorsión y delitos similares, bajo estrictas condiciones legales. Se trata de una acción que busca no solo descongestionar los recintos penitenciarios peruanos, sino también reducir los riesgos asociados a la permanencia de estos internos en establecimientos donde las condiciones de vigilancia son limitadas.
Medida busca descomprimir penales peruanos y frenar riesgos internos
Uno de los argumentos centrales de la iniciativa parlamentaria es la necesidad urgente de reducir el número de internos en las cárceles del país, muchas de las cuales operan por encima de su capacidad. Según datos oficiales, el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios ha agravado los problemas de salud, violencia y condiciones de habitabilidad, especialmente en aquellos que albergan a reclusos de alta peligrosidad.
La propuesta plantea que, al trasladar a este tipo de internos a centros como el CECOT en El Salvador, se podría no solo mejorar el entorno penitenciario local, sino también disminuir la posibilidad de fugas, motines o redes criminales que operan desde el interior de los penales. El modelo salvadoreño es conocido por su política de máxima seguridad y estricto régimen disciplinario.
Perú conservaría control sobre las penas y beneficios judiciales
Una característica clave del proyecto es que el Perú mantendría su soberanía sobre las sentencias impuestas a los internos, incluso si cumplen sus condenas en territorio extranjero. Esto significa que el sistema judicial peruano seguirá teniendo la autoridad exclusiva para revisar los casos, modificar sentencias o conceder beneficios como amnistías, conmutaciones de pena o indultos.
El Salvador, en calidad de Estado receptor, estaría obligado a acatar estas decisiones conforme a sus leyes internas, adoptando las medidas necesarias para hacerlas efectivas. Esta cláusula busca garantizar que los derechos procesales de los condenados no se vean afectados por el traslado, así como mantener la competencia legal del Estado peruano sobre sus ciudadanos.
Ministerio de Justicia y Cancillería asumirían implementación
La supervisión y ejecución del eventual convenio internacional quedarían a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto al Ministerio de Relaciones Exteriores. Estas entidades serían las responsables de definir los procedimientos, coordinar con sus pares salvadoreños y asegurar que las condiciones del traslado respeten las disposiciones legales y administrativas de ambas naciones.
El proyecto también señala que se requerirá la firma de un acuerdo específico entre los gobiernos, que será sometido a aprobación del Congreso peruano, conforme al artículo 56 de la Constitución. Este paso es obligatorio para todos los tratados internacionales que involucren aspectos sensibles como los derechos fundamentales y la soberanía nacional.
Propuesta no generaría gasto adicional para el Estado peruano
Según el texto presentado por la parlamentaria, esta iniciativa no supondría un incremento en el gasto público, ya que el financiamiento y la ejecución operativa del traslado se canalizarían a través de acuerdos internacionales preexistentes o mediante compromisos compartidos con el país receptor. La parlamentaria considera que esta alternativa permitiría al Estado ahorrar recursos frente al alto costo que representa mantener internos de alta peligrosidad bajo régimen especial.
Además, el uso de infraestructura penitenciaria extranjera permitiría redirigir fondos hacia programas de rehabilitación, infraestructura básica y mejora de condiciones en los penales restantes del país. Con ello, se buscaría un modelo de gestión más eficiente y menos oneroso para el sistema nacional.
Se inspira en experiencias con otros países y marcos vigentes
La propuesta toma como referencia acuerdos similares ya suscritos por el Perú con naciones como Estados Unidos, Ecuador y Costa Rica, donde también se contempla el traslado de personas privadas de libertad. Estos convenios han permitido la ejecución de penas bajo modalidades bilaterales, respetando siempre la competencia jurisdiccional del país de origen.
En ese marco, se resalta que existe un precedente legal y diplomático que podría facilitar la implementación del convenio con El Salvador. Además, se indica que esta cooperación podría contribuir a reforzar los lazos entre ambos Estados en materia de seguridad, lucha contra el crimen organizado y administración de justicia penal.
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