La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó la detención preliminar de Ronald Loza, funcionario de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Puno, en el marco de una investigación por presuntos delitos de organización criminal y cohecho pasivo propio, relacionados con el programa nacional de alimentación escolar Qali Warma.
La detención de Loza se realizó en el hotel AuroMar INN, ubicado en la avenida El Sol de la ciudad de Puno, y estuvo realizada bajo la supervisión de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.
La detención responde a una investigación sobre los pagos ilícitos que habría recibido de la empresa Frigoinca S.A.C. entre febrero de 2023 y septiembre de 2024. Según la investigación, el funcionario habría aceptado sobornos para encubrir irregularidades en los alimentos distribuidos a los beneficiarios del programa, lo que involucraría la entrega de productos de mala calidad.
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Como parte de las investigaciones, se allanaron propiedades vinculadas a su nombre, un inmueble en la urbanización Las Colonial III, en el distrito de Paucarpata (Arequipa).
Intoxicación masiva en Puno
El caso tomó relevancia a partir de los hechos ocurridos en marzo de 2024, cuando más de 20 estudiantes de la institución educativa Cabana, ubicada en el distrito de San Román, sufrieron una intoxicación alimentaria tras consumir alimentos proporcionados por el programa Qali Warma. La investigación sugiere que las conservas de pollo, carne y cerdo suministradas por Frigoinca, que estaban en mal estado, fueron la causa de la intoxicación.
De acuerdo con las autoridades, Loza se habría comprometido con un sistema de sobornos para ocultar la mala calidad de los productos y desviar la atención hacia un supuesto consumo de agua contaminada por parte de los escolares, con el fin de evitar sanciones contractuales y administrativas contra la empresa proveedora.
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Allanamientos y acciones judiciales
La investigación llevó a la realización de varios allanamientos en inmuebles vinculados al funcionario detenido. Cuatro propiedades fueron intervenidas, tres de ellas en la región de Puno y una en Arequipa. Los operativos contaron con el apoyo de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) y la Dirección de Inteligencia Nacional (Dirin) de la Policía Nacional.
La diligencia estuvo a cargo del fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta, quien lidera la investigación del caso, y es parte de una acción más amplia que busca desmantelar una red de corrupción vinculada a la distribución de alimentos en el programa Qali Warma.
La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima ha coordinado las acciones con las unidades especializadas de la PNP, con el objetivo de esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.
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Escolares intoxicados presentaron secuelas
Eduardo Herrera, vocero de la Oficina Legal Anticorrupción, denunció que, a pesar de haber transcurrido más de diez meses desde el incidente de intoxicación por Frigoinca, los niños afectados continúan soportando intensos dolores. Además, Herrera destacó que muchas de las víctimas no dominan el castellano, lo que complica su comunicación con los médicos del Hospital Carlos Monge, donde fueron internados para recibir tratamiento. A pesar de que se tomaron muestras en su momento, el centro médico no entregó las historias clínicas de los menores hasta diciembre.
El vocero expresó su preocupación por la falta de transparencia en la gestión de los casos. Señaló que, aunque el centro de salud había tomado las muestras correspondientes, no entregó las historias clínicas a los padres de los niños hasta varios meses después. Según Herrera, esta demora y la opacidad en el manejo de la información sugieren que existen sintomatologías que no conviene que se conozcan, lo que incrementa la desconfianza en el proceso.
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Ante la gravedad de la situación, Herrera exigió que los menores sean trasladados con urgencia a Lima, debido a la falta de recursos y capacidad para realizar un diagnóstico adecuado. “Lo que estamos pidiendo al Gobierno y las autoridades es que trasladen a estos niños a Lima, porque en Juliaca no existe un análisis clínico óptimo”, afirmó.
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