
A raíz del asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz, diversas organizaciones ciudadanas han anunciado un Paro Cívico Nacional para el miércoles 14 de mayo. El pronunciamiento fue suscrito por el Comité de Gremios de Transportistas del Perú, el Movimiento de Ciudadanos por la Vida y representantes de comerciantes, mototaxistas y empresarios de Gamarra, quienes denuncian la incapacidad del Estado frente al crimen organizado y la complicidad del gobierno de Dina Boluarte.
“No más silencio ni indiferencia”
En el comunicado difundido el 4 de mayo, las organizaciones ciudadanas se solidarizan con las familias de los 13 mineros asesinados en La Libertad y advierten que el crimen revela una vez más la “complicidad de la coalición criminal que usurpa el poder”.
Los gremios convocantes señalan que las leyes que hoy impiden combatir frontalmente al sicariato y la economía ilegal deben ser derogadas. Advierten que si el Congreso se niega a actuar, los ciudadanos impulsarán una iniciativa legislativa respaldada por el artículo 31 de la Constitución y la Ley N.º 26300 de Participación y Control Ciudadanos.

También denuncian que “el gobierno títere de Dina Boluarte tiene al país dominado por su brazo legal, el Congreso de la República, y su brazo armado: sicarios y extorsionadores de bandas criminales”. En ese sentido, rechazan la minimización del crimen en Pataz por parte del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y responsabilizan a este por pretender ocultar la gravedad de los hechos.
Demandas del Paro Cívico Nacional
Entre las principales demandas del paro convocado para el 14 de mayo, los gremios exigen la renuncia inmediata de Dina Boluarte, a quien consideran incapaz de garantizar la seguridad y gobernabilidad del país. También piden que se respete el referéndum del 2018, que prohíbe la reelección de congresistas, y rechazan cualquier intento de los actuales parlamentarios de mantenerse en el poder.

Además, exigen una lucha real contra las mafias que operan con impunidad en distintas regiones del país, muchas veces con la complicidad de malos efectivos policiales. Para ellos, es urgente una estrategia integral que devuelva la seguridad a la ciudadanía.
Los convocantes enfatizan que este no es un paro exclusivo de transportistas, sino una acción ciudadana amplia que busca alzar la voz ante la crisis de violencia, corrupción y desgobierno que vive el Perú.
Toque de queda en Pataz
El llamado al paro se produce apenas un día antes de que el gobierno de Dina Boluarte decretara toque de queda en la provincia de Pataz, luego del hallazgo de los cadáveres de los mineros, cuyo secuestro había sido negado por Adrianzén días antes. La medida regirá de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., según anunció la presidenta, y será oficializada mediante decreto supremo.

La decisión se dio tras una reunión entre la mandataria, el gobernador de La Libertad, César Acuña, y el alcalde de Pataz, Aldo Mariño, quien pidió declarar el estado de sitio. Acuña defendió la solicitud afirmando que se trata de una “medida extrema pero necesaria para recuperar el control del territorio y erradicar las redes criminales”.
Inseguridad en alza y creciente descontento ciudadano
A nivel nacional, el malestar ciudadano frente a la gestión del gobierno en materia de seguridad ha ido en aumento. Según una encuesta de Datum publicada en abril de 2025, el 52% de peruanos considera al Ejecutivo como principal responsable de la crisis de inseguridad, 8 puntos más que en octubre de 2024. Además, el 80% de los encuestados cree que el gobierno no tiene una estrategia efectiva para combatir la delincuencia.
Mientras tanto, el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao fue ampliado hasta el 16 de mayo. El Decreto Supremo N.º 046-2025-PCM justifica la medida en el incremento de homicidios, sicariato, robos y extorsiones, con bandas que operan principalmente en vehículos menores como motos lineales.
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