El gobierno de Dina Boluarte mostró su desacuerdo con la ordenanza aprobada por el Consejo Regional de Puno, que reconoce al lago Titicaca como sujeto de derecho. A través de un comunicado, los ministerios del Ambiente, de Desarrollo Agrario y Riego, de Justicia y Derechos Humanos, y de Cultura expresaron que esta norma contraviene la Constitución Política del Perú, carece de eficacia jurídica y genera un conflicto de competencias entre los distintos niveles de gobierno.
La iniciativa, impulsada por la Red de Mujeres Lideresas en Defensa del Lago Titicaca, fue aprobada por unanimidad hace unos días por el Consejo Regional de Puno. Este grupo de defensoras ambientales, compuesto por mujeres de diversas comunidades de la región, busca dar mayor protección y derechos al lago Titicaca, considerado un recurso vital para las poblaciones cercanas.
Sin embargo, el gobierno central rechaza la medida y ha solicitado un diálogo con las autoridades regionales de Puno a través de un oficio publicado por el Ministerio de Cultura.
“Ratificamos nuestro firme compromiso con la protección y recuperación de la calidad ambiental del lago Titicaca, a través de una gestión multisectorial y participativa orientada a la sostenibilidad ambiental de los ecosistemas y el desarrollo de los pueblos que dependen de nuestro lago navegable más alto del mundo”, se lee en el comunicado.
Argumentos del Ejecutivo contra ordenanza
Los ministerios argumentan que la protección del lago Titicaca se realiza bajo un marco legal y normativo que ya incluye el reconocimiento del lago como patrimonio natural de excepcional importancia.
Este marco incluye su designación como sitio Ramsar y Reserva Nacional, lo que le otorga un estatus especial de protección y conservación tanto en Perú como en Bolivia. A través de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca, ambos países desarrollan esfuerzos conjuntos para garantizar la preservación de este recurso vital.
“Resaltamos que, el lago Titicaca constituye un patrimonio natural de excepcionales características reconocido como sitio Ramsar y Reserva Nacional; además, cumple un rol clave en la regulación hídrica del altiplano, por lo que Perú y Bolivia desarrollan esfuerzos conjuntos para su protección y conservación a través de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca”, menciona el comunicado, subrayando la importancia de la cooperación bilateral en este asunto.
El gobierno también rechaza cualquier iniciativa que “contravenga la Constitución”, señalando que desconoce las competencias y esfuerzos de otros niveles del Estado.
“Informamos que, el proyecto de ordenanza regional que declararía al lago Titicaca como sujeto de derecho, no considera las regulaciones normativas e institucionales para su protección, establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales”, indican.
Finalmente, instaron al Consejo Regional de Puno a unirse a los esfuerzos de protección del lago a través de los mecanismos legales existentes y evitar la aprobación de normas regionales que generen conflictos de competencias y dificulten la adopción de medidas para la protección del lago Titicaca.
Ordenanza histórica reconoció al Lago Titicaca como sujeto de derecho
El Consejo Regional de Puno aprobó por unanimidad una histórica ordenanza que otorga al Lago Titicaca el estatus de sujeto de derecho, reconociendo sus derechos a existir, mantenerse, ser restaurado y regenerado.
La norma, impulsada por la Red de Mujeres Lideresas en Defensa del Lago Titicaca, busca garantizar su protección integral y exige a las autoridades diseñar políticas para su conservación.
La iniciativa, presentada en 2024 con el respaldo del Centro Bartolomé de Las Casas y el asesoramiento legal del abogado Julio César Mejía Tapia, establece mecanismos de participación ciudadana, vigilancia ambiental y gobernanza interinstitucional. La ordenanza también busca que el Congreso otorgue el mismo reconocimiento a nivel nacional.
El Lago Titicaca, afectado por la contaminación y la falta de tratamiento de aguas residuales, se beneficiará de un enfoque ecocéntrico en su gestión. La creación de un Consejo de Cuenca y programas de educación intercultural permitirán el monitoreo ambiental y la reparación ecológica, asegurando su preservación para las generaciones futuras. El siguiente paso es la promulgación oficial de la norma y su reglamento en los próximos 120 días.
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