El gerente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), Carlos Gutiérrez, expresó su rechazo a la nueva ley aprobada por el Congreso de la República que permite la transferencia gratuita de pasajes aéreos hasta 24 horas antes del vuelo.
Según Gutiérrez, aunque la norma establece que el proceso será completamente gratuito para los usuarios, los costos administrativos de esta medida terminarán siendo trasladados al precio de los pasajes y, en consecuencia, afectarán a los usuarios.
En conversación con Canal N, el represente de AETAI indicó que el endoso de pasajes tiene un costo administrativo. “Nada es gratis en esta vida. El costo es puramente administrativo, no tiene el objetivo de lucrar en una situación específica. Lo que vemos como populismo es que, al emitir una norma que pretende decir que algo no tendrá costo, se ignora que eso, en realidad, no existe”, señaló.
Sobrecosto sería asumido por el pasajero
Carlos Gutiérrez advirtió que, aunque la medida busca beneficiar a los pasajeros, las aerolíneas no asumirán este gasto y se reflejará en un aumento de los precios de los boletos.
“Al final del día, si esta cuestión queda establecida como de “cero costo”, ese costo inevitablemente se trasladará a los pasajes. No hay otra opción, porque la aerolínea no lo asumirá, como ocurre en cualquier otro negocio", agregó para el citado medio.
Por otro lado, el gremio aéreo cuestionó la falta de un análisis técnico más profundo en la creación de la ley. Gutiérrez indicó que el Congreso legisla sobre el sector sin contar con el respaldo de un estudio técnico adecuado, lo cual podría tener consecuencias negativas para la industria. “Lamentó que el Congreso se aboque a temas de regulación sin un criterio técnico”, expresó.
Derecho al endoso ya está reconocido
Además, el gremio recordó que el derecho al endoso de pasajes ya está contemplado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Esta disposición legal, según Gutiérrez, hace innecesaria la creación de una nueva norma sobre el tema. “Ya está en el Código del Consumidor, por lo que no era necesaria una nueva ley”, afirmó el gerente de la AETAI.
Finalmente, la nueva legislación establece sanciones para las aerolíneas que no cumplan con el plazo establecido para procesar las transferencias de pasajes. Las compañías aéreas deberán aceptar las solicitudes de cambio de titularidad sin penalidades, siempre y cuando se realicen con al menos 24 horas de anticipación al vuelo.
Aprobación de la Ley
El Congreso aprobó por insistencia la autógrafa que modifica la Ley 27261, de Aeronáutica Civil, con el objetivo de reforzar los derechos de los usuarios del transporte aéreo comercial. La propuesta obtuvo 100 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra. Esta modificación, que se basa en el Proyecto de Ley 5562/2022-CR, no requiere una nueva votación debido a su carácter de insistencia legislativa, aunque previamente había sido observada por el Poder Ejecutivo.
Una de las principales modificaciones de la ley es el cambio en el artículo 101 de la Ley de Aeronáutica Civil, que permitirá a los pasajeros transferir su pasaje aéreo a otra persona sin costo adicional, siempre que la solicitud se realice al menos 24 horas antes del vuelo y bajo las mismas condiciones contractuales del pasaje original.
Sanción por incumplimiento
La iniciativa legislativa también modifica el artículo 125 de la Ley de Aeronáutica Civil, imponiendo a las aerolíneas la obligación de habilitar canales digitales para procesar los trámites de endoso. Además, las empresas deberán emitir un nuevo billete sin costo adicional a nombre de la persona que recibirá el pasaje. En caso de negativa injustificada por parte de la aerolínea, esta será sancionada por la autoridad aeronáutica, salvo que la negativa se deba a causas de fuerza mayor.
Esta disposición tiene como objetivo ampliar los derechos de los consumidores al exigir a las aerolíneas cumplir con condiciones mínimas de atención para las solicitudes de transferencia de boletos. Además, establece mecanismos de fiscalización directa por parte de las autoridades competentes, buscando garantizar el cumplimiento de la normativa y la protección de los usuarios.
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