El expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, compareció ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para ofrecer detalles sobre su gestión al frente de la PCM durante la ausencia de la presidenta Dina Boluarte, quien se sometió a un procedimiento quirúrgico. Esta intervención la habría obligado a ausentarse de su cargo entre el 29 de junio y el 10 de julio de 2023.
En su intervención, además de proporcionar información sobre la cirugía de nariz de Dina Boluarte y cómo operó el gabinete en ese periodo, Otárola aprovechó la ocasión para denunciar que ha sido víctima de extorsión. Durante su testimonio, mostró una nota que, según él, fue enviada por Yaziré Pinedo, la joven con la que mantuvo una relación sentimental, en la que le solicitaba una significativa suma de dinero.
“A continuación, muestro un manuscrito de puño y letra de la ciudadana Yaziré Pinedo Vásquez, en que se demuestra la extorsión de la que soy víctima. En efecto, en mes de enero del año 2024, esta persona me hizo llegar una nota de puño y letra en la que me solicitó el pago de S/. 850 mil soles”, indicó.
El exhombre de confianza de Dina Boluarte reveló que la nota extorsiva está en manos de la Fiscalía e hizo un llamado a los fiscales encargados de la investigación para que inicien las pericias correspondientes. “Esta nota está desde el mes de diciembre en la Fiscalía y hago una invocación a la primera fiscalía penal corporativa, tercer despacho, a cargo de los fiscales Lidia Mendoza Alarcón y Elíseo Estrada, a quienes vengo reclamando insistentemente que procedan con las pericias grafotécnicas”, añadió.
Según el texto al que accedió RPP noticias, la joven le pide el dinero con la excusa que necesita proteger a su familia: “Necesito 850 000 soles para traer y cuidar de mi familia por culpa de tus c.... Solo te espero 2 días para que me respondas. Besos. Te amo”, se lee en la misiva.
Otárola pide la censura de Gustavo Adrianzén
Otárola también expresó su rechazo hacia las recientes declaraciones de Gustavo Adrianzén, actual jefe del gabinete de Dina Boluarte, con quien ha tenido un cruce de palabras en las últimas semanas. Para Otárola, Adrianzén se ha convertido en “vocero del crimen organizado” al hacer eco de las acusaciones de Zamir Villaverde, un personaje muy cuestionado.
“Porque lo que ha hecho el señor Adrianzén en la última conferencia de prensa, luego del Consejo de Ministros, es repetir las denuncias calumniosas de Zamir Villaverde. Se ha convertido en el vocero del crimen organizado. Y un presidente del Consejo de Ministros, que sea el vocero del crimen organizado, no puede continuar ocupando ese cargo”, advirtió.
En ese sentido, solicitó al Congreso que proponga y apruebe la censura de Adrianzén: “Si realmente queremos hacerle un bien al Perú este año, el Congreso debe presentar una moción de censura contra este individuo”. Para Otárola, tanto Yaziré Pinedo como Adrianzén representan la verdadera organización criminal, y la nota extorsiva de la joven constituye la prueba de que “estos hampones siempre han buscado dinero mal habido”.
Comisión de Fiscalización propone suspender a Dina Boluarte
La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, en su informe preliminar sobre el caso Cirugías, recomendó la suspensión temporal de Dina Boluarte debido a su presunta ausencia de sus funciones sin la debida notificación al Legislativo. Según los hallazgos de la comisión, liderada por el congresista Juan Burgos, la presidenta habría permanecido internada en la clínica de Mario Cabani durante “dos días y una mañana”, sumado a un descanso médico de entre 7 y 12 días tras las intervenciones quirúrgicas a las que se sometió.
La comisión evaluó si esta ausencia configuraba una infracción constitucional, pues durante ese período no se activó el mecanismo de sucesión presidencial establecido en el artículo 115 de la Constitución, el cual señala que, en caso de impedimento temporal o permanente del presidente, asume sus funciones el primer vicepresidente. El informe apunta que esta falta podría haber infringido los artículos 114, 115 y 118 de la Constitución Política del Perú, los cuales regulan las responsabilidades presidenciales.
Además, la Comisión consideró que la mandataria habría incurrido en varias infracciones penales, incluyendo el presunto delito de omisión de funciones, al no informar al Congreso sobre su situación médica y la posible afectación de sus responsabilidades. Este acto de omisión habría impedido la activación de los mecanismos institucionales correspondientes.
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