El gobierno de Dina Boluarte, la fiscal de la Nación Delia Espinoza y la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, pausaron sus enfrentamientos para unirse y advertir en conjunto sobre los peligros de modificar la ley de extinción del dominio. Sin embargo, el Congreso de la República hizo caso omiso y este jueves 10 de abril aprobó, en segunda votación, la cuestionada medida.
Según informaron, esta herramienta legal, clave para la recuperación de bienes obtenidos ilícitamente a través de delitos como la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos y el terrorismo, quedaría severamente limitada. Con la aprobación, solo se podrá actuar sobre los bienes de los implicados una vez que exista una condena firme, lo que pondría en riesgo la recuperación de activos en casos de alto perfil.
En esa línea, el Ministerio Público hizo un recuento de seis casos en los que ya se han incautado bienes de alto valor y serán afectados. Uno de ellos es el de Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín y líder político. Según detalló la Fiscalía, se interceptaron más de 1,5 millones de soles (aproximadamente 394.000 dólares) en cuentas bancarias. Estos fondos, que las autoridades consideran de origen ilícito, quedarán fuera del alcance del Estado con la ejecución de las modificaciones a la ley.
Otro caso es el de Rodolfo Orellana, acusado de liderar una red de criminalidad organizada. Entre los bienes incautados a su nombre se encuentran tres inmuebles en Lima, registrados a través de testaferros, y la denominada “Hacienda Cazaderos”, valorada en 130 millones de soles (aproximadamente 33,8 millones de dólares). La recuperación de estas propiedades sería inviable si se exige una condena firme para proceder con la extinción de dominio.
El expresidente Alejandro Toledo, investigado por delitos de lavado de activos y criminalidad organizada, también figura en el listado. Según informó la Fiscalía, se han incautado propiedades de lujo, entre ellas inmuebles ubicados en Las Casuarinas, Punta Sal, Camacho y la Torre Omega, cuyo valor supera los 5 millones de dólares. Estas propiedades, presuntamente adquiridas con fondos ilícitos, quedarían fuera del control estatal.
El exmandatario Pedro Pablo Kuczynski también enfrenta investigaciones por presunto lavado de activos. Entre los bienes incautados se encuentran un inmueble en San Isidro y una casa en Cieneguilla, los cuales no podrán ser recuperados bajo las nuevas condiciones del Congreso.
En el ámbito del terrorismo, el caso de Artemio, integrante de la organización Sendero Luminoso, también se vería afectado. Un inmueble relacionado con este caso podría quedar fuera del control estatal si se exige una condena firme para proceder con la extinción de dominio.
Finalmente, el expresidente Martín Vizcarra también sería beneficiado. En medio de sus investigaciones por delitos contra la administración pública, relacionados con los casos del Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo, se le incautaron 15 inmuebles ubicados en Lima y Moquegua, presuntamente obtenidos mediante actos de corrupción, los cuales quedarían fuera del alcance del Estado.
¿Perú en lista negra?
Al respecto, el juez supremo Manuel Luján Túpez, coordinador del Subsistema de Extinción de Dominio de la Corte Suprema, advirtió que más de cinco mil procesos que quedarían impunes y que el Perú podría ser incluido en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que tendría serias repercusiones económicas y reputacionales.
“Si dejamos esta ley vigente de extinción de dominio o es declarada inconstitucional, el Perú será colocado en una lista negra, como un país de riesgo. Los inversionistas van a retirar su dinero y, obviamente, seríamos un paria internacional como lo son Venezuela o Tanzania”, advirtió.
Por su parte, el Poder Judicial advirtió que su promulgación incumpliría compromisos internacionales como los convenios de Viena, Palermo y Mérida, que establecen lineamientos para combatir el crimen organizado y la corrupción a nivel global; mientras que el titular del Minjus y la PCM invocaron al Parlamento mantener la ley como estaba “porque como modelo procesal ha servido en la lucha contra la criminalidad”.
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