Congreso: proponen restituir a profesores que fueron declarados inocentes en procesos judiciales

El congresista de Bloque Magisterial, Paul Gutierrez, presentó un proyecto de ley 10758 para que docentes que hayan sido declarados inocentes en procesos judiciales sean restituidos en sus cargos. Además, se establece el reconocimiento de sus derechos laborales, el pago de una indemnización por daño moral, y la eliminación de cualquier sanción administrativa que se les haya impuesto por el juicio.

De acuerdo con el texto, esta medida aplicaría para los profesores que trabajan en educación básica, alternativa o educación superior, de todo el país. También indica que si no se puede restituir en el mismo puesto, se garantizará la reposición en una plaza de similares características dentro de la misma Unidad de gestión educativa local (Ugel). En ese sentido, los maestros que obtengan este beneficio tendrán derecho a:

• El reconocimiento del tiempo transcurrido fuera del servicio, en lo que respecta a derechos laborales.
• La reposición de todos los derechos y beneficios laborales que gozaban antes de su separación.
• La nulidad de cualquier sanción administrativa derivada del proceso judicial.

En lo que respecta a la indemnización por daño moral, se considerará el perjuicio económico y personal derivado de la separación del cargo y todos los días que dejó de percibir el sueldo. En este caso, el monto y el procedimiento serán determinados en el reglamento de la ley.

En específico, este laye beneficiaría a todos los profesores que fueron declarados inocentes mediante resolución con calidad de cosa juzgada y que no fueron condenados por sentencia firme, con cárcel o con pena suspendida

La norma tiene como coautores a sus compañeros de bancada del Bloque Magisterial: Germán Tacuri, Jhakeline Ugarte, Lucinda Vásquez, Elizabeth Medina, Alex Paredes y Segundo Quiroz.

Se derogarán normas

El proyecto también menciona que se derogarán o se dejarán sin efecto cualquier disposición que se oponga a la norma. Además, se establece que el Ministerio de Educación (Minedu) y los Gobiernos Regionales adoptarán las medidas necesarias para la implementación inmediata de la normativa, “garantizando el cumplimiento de sus disposiciones, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal”.

“El mecanismo de implementación inmediata, a cargo del Minedu y los Gobiernos Regionales, es clave para evitar dilaciones injustificadas en la aplicación de la norma”, dice Gutierrez.

Justificación de la propuesta

Paul Gutierrez sostiene que los docentes declarados como inocentes enfrentan obstáculos para su reincorporación debido a la ausencia de una norma legal específica que lo autorice.“Esta situación vulnera su derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, generando una afectación directa en su desarrollo profesional y personal”, menciona.

Así, menciona el congresista, se busca “subsanar esta deficiencia normativa, estableciendo un marco legal que garantice la restitución de estos docentes en sus cargos originales o en plazas equivalentes”. “Esta medida no solo restituye los derechos de los docentes afectados, sino que también fortalece el principio de presunción de inocencia y el respeto al debido proceso”, asegura.

El parlamentario también asegura que la iniciativa legislativa se alinea con los principios constitucionales, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las opiniones técnico-legales de Servir y los precedentes establecidos por la Corte Suprema. Por ello, afirma que se puede lograr “un marco legal que respeta y promueve la dignidad y estabilidad laboral de los docentes”.

Finalmente, señala nomas internacionales para acotar que el derecho al trabajo “es un principio constitucionalmente protegido y reconocido en tratados” como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Es en este contexto, donde Gutierrez dice que el hecho de que los profesores declarados inocentes no hayan sido reincorporados “no solo lesiona su estabilidad laboral, sino que también afecta su dignidad y sustento económico y la garantía a la seguridad jurídica del estado”.