Marcha nacional contra la delincuencia: López Aliaga afirma que usará cámaras de seguridad de la MML para evitar otro ‘Merinazo’

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, afirmó que su gestión usará las cámaras de seguridad de la ciudad para evitar otro ‘Merinazo’ durante la marcha en Lima convocada para el viernes 21 de marzo, en referencia a las protestas de noviembre del 2020, cuando Manuel Merino se vio forzado a renunciar como presidente de la República por la muerte de dos jóvenes durante las manifestaciones en su contra.

“Vamos a estar con las cámaras de Lima funcionando, con toda Lima iluminada, para darle al músico todo el soporte, Pero aquel político que se quiera meter va a estar bien filmado y va a estar bien denunciado penalmente también, si van a hacer disturbios o van a querer hacer otro ‘Merinazo’, como lo están diciendo en las redes”, dijo durante un evento público.

“Lima tiene cómo protegerse y cómo meter a la cárcel también a gente que destruya el patrimonio de la humanidad, sobre todo Lima histórica. Basta Ya, esta gente viene a destrozar, a crear odio, todos estamos de acuerdo. Hay que sacar al terrorismo urbano del Perú, todos estamos de acuerdo, ahí no hay duda”, añadió.

Discurso contra el Partido Morado

Por otro lado, el burgomaestre aseveró que si bien dio autorización para la marcha de este viernes 21 de marzo, aseguró que hay personas que pretenden aprovecharse de la falta de seguridad ciudadana. En ese contexto, aprovechó el momento para atacar a una organización política. “Que no me vengan acá de colados, estos delincuentes del Partido Morado”, mencionó.

En respuesta, el partido rechazó “categóricamente las declaraciones difamatorias” del alcalde, a través de sus redes sociales. “Nos llama delincuentes, pero los únicos responsables de este caso, desgobierno y delincuencia, son el gobierno, el congreso y aquellas autoridades que avalan esta desastrosa manera de dirigir el país. Sobre la marcha, que le quede claro, señor López, son los ciudadanos quienes la convocan, nosotros nos adherimos y acompañamos”, afirmó su presidente, Luis Durán Rojo.

Pide que se invierta 3 mil millones de dólares

Rafael López Aliaga también expresó que no hay el equipamiento necesario para combatir la criminalidad. “Lo he pedido muchas veces, señora presidenta, destine 3 mil millones de dólares, eso que ha metido en Petroperú, destínelo a poner cámaras en todo el Perú, a poner inteligencia”, argumentó.

“La policía sí sabe trabajar, la Policía ya venció al terrorismo, a Sendero Luminoso, la Policía mis respetos, tiene la inteligencia policial, pero no le da la gana al gobierno central de invertir en lo que son esas centrales para geolocalización del delincuente”, agregó.

Asimismo, recordó que el municipio lanzó el número 610 10 10 para que los ciudadanos que reciben extorsiones pueden solicitar protección y se pueda obtener información del equipo intervenido por los delincuentes. “Somos la principal fuente de información para el ministro del interior, pero esa política tiene que ser mucho mayor, la muni de Lima hace lo que puede, pero (...) uno tiene que llegar al origen de la llamada de extorsión”, manifestó.

Luego, afirmó que ante la falta de acción del Poder Ejecutivo en resolver la inseguridad ciudadana, el problema podría estar “dentro del gobierno”. ¿Qué cosa quieren, que haya un caos? ¿Qué esté la gente en el terror? ¿Por qué no actúan?”, cuestionó.

A favor de la censura a Santivañez

En otro momento, López Aliaga mencionó que estaba a favor de la censura del ministro del Interior, Juan José Santivañez. “Tiene que irse a su casa”, dijo. En ese sentido, detalló cuatro puntos que, desde su perspectiva, se deberían implementar: inversión en inteligencia, retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y la reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público.

“Hemos puesto por escrito hace varios días, pero por más que uno les dice, les pone por escrito, no quieren entender”, mencionó acerca de sus propuestas. Efectivamente, la bancada de su partido, Renovación Popular, votó en bloque para que el criticado político deje su cargo después de 10 meses.