Pedro Castillo levantó su huelga de hambre: INPE informó que comió sopa y se encuentra estable

Pedro Castillo levantó su huelga de hambre y se encuentra estable. Durante la audiencia por el fallido golpe de Estado, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) actualizó el estado de salud del expresidente, quien fue internado de emergencia el jueves pasado debido a una descompensación provocada por deshidratación leve.

El director del penal de Barbadillo, Héctor Sandoval Moreno, informó que, tras recibir atención médica en el Hospital II Vitarte de Essalud, Castillo fue dado de alta y se le ofreció una sopa. Al regresar al penal, un médico lo evaluó y confirmó que su estado de salud es estable, aunque recomendó reposo.

Además, la Fiscalía presentó un informe de un médico legista, quien visitó a Castillo en su celda minutos antes de iniciar la audiencia. Según el informe del perito del Ministerio Público, “el paciente se encuentra hemodinámicamente estable y sin signos de deshidratación”.

Con esta actualización, el representante de la Fiscalía solicitó que Castillo estuviera presente en la audiencia. No obstante, la defensa del expresidente pidió que se consulte a su cliente si desea participar, dado que se niega a hablar con los abogados asignados por el Estado. Finalmente, la presidenta del tribunal resolvió que la audiencia continuaría sin la presencia de Castillo, pero que su asistencia será obligatoria para la próxima sesión, programada para el martes.

Como se recuerda, Pedro Castillo Terrones había anunciado una huelga de hambre como medida de protesta por el inicio de su juicio oral relacionado con el fallido golpe de Estado de 2022. El expresidente sostiene que el proceso judicial es un “show”, argumentando que los magistrados del tribunal ya lo han sentenciado.

Testimonio del jefe del Estado Mayor PNP

En la audiencia del jueves 13 de marzo, Pedro Castillo no estuvo presente debido a una descomposición causada por la huelga de hambre que venía realizando, por lo que fue trasladado a un hospital. Sin embargo, Vicente Álvarez, quien en ese momento era jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú (PNP), sí acudió a la cita judicial para brindar su testimonio.

Durante su intervención, Álvarez reveló detalles de una conversación clave entre Castillo y el comandante general de la PNP, Raúl Alfaro. Según Álvarez, el expresidente le habría solicitado a Alfaro el cierre del Congreso y la detención de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

“¿Que cierre el Congreso y que detenga a la fiscal de la Nación? Pero ¿cuál es la causa? Que refuerce la seguridad a su casa, a la casa de la ministra Betssy Chávez y al señor Aníbal Torres, eso es lo que él repetía (Pedro Castillo)”, indicó Álvarez.

Además, relató que tras este diálogo, Alfaro le comunicó que estaba con descanso médico y que él, como teniente general PNP, estaría reemplazándolo. Finalmente, Álvarez destacó que, tras recibir las instrucciones de Castillo, su respuesta fue firme: “No vamos a cumplir, nos mantenemos en la posición de respeto a la Constitución y en ese momento le digo que me estoy yendo al Comando Conjunto”.

Juicio oral contra Pedro Castillo

El juicio oral contra Pedro Castillo, expresidente de Perú, ha marcado un hito en la historia política del país, pues no solo involucra al exmandatario, sino también a otros altos funcionarios de su gobierno.

Junto a Castillo Terrones, son procesados en calidad de coautores del delito de rebelión los expresidentes del Consejo de Ministros Betssy Chávez Chino y Aníbal Torres Vásquez, el exministro del Interior Willy Huerta Olivas, y varios exoficiales de la Policía Nacional, entre ellos Manuel Lozada Morales, Justo Venero Mellado y Eder Antonio Infanzón Gómez, este último actualmente en Suiza.

El Ministerio Público ha solicitado una pena de 34 años de prisión para Castillo, además de una reparación civil de más de 65 millones de soles a favor del Estado peruano. Para los demás acusados, la Fiscalía ha pedido penas de 25 y 15 años de cárcel.

El caso se remonta al 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo intentó disolver el Congreso y reorganizar varias instituciones del Estado, un acto considerado como un intento de golpe de Estado. Durante la investigación, se han presentado 65 pruebas documentales, testimonios de más de 69 testigos, pericias forenses, grafotécnicas y otros elementos probatorios que refuerzan las acusaciones.