El expresidente Pedro Castillo solicitó el miércoles (12.03.2025) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordene al Estado peruano cesar las medidas disciplinarias impuestas en respuesta a la huelga de hambre que inició como protesta contra su juicio por presunta rebelión.
A través de su abogado, Walter Ayala, Castillo alega estar siendo sometido a tratos inhumanos y degradantes, lo que, según él, vulnera su dignidad como persona privada de libertad.
El abogado presentó la solicitud ante la CIDH, argumentando que el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) ha violado sus derechos al suspender las visitas, imponer aislamiento y realizar actos de hostilización contra el expresidente.
“Conforme a lo establecido en el artículo 25 del reglamento de la CIDH, solicito medida cautelar (…) por estar siendo sometido a tratos inhumanos y degradantes”, manifestó Ayala en un mensaje publicado en la red social X.
Según el abogado defensor, el INPE está violando el Artículo 5 del Pacto de San José, que protege la integridad física y moral de las personas privadas de libertad. Ayala también solicitó que se levante la suspensión de visitas y se cese el aislamiento, que considera represalias por el ejercicio del derecho a la huelga de hambre, además de pedir que se ponga fin a los actos de hostilización.
El INPE había anunciado que aplicaría medidas disciplinarias contra Pedro Castillo después de que el exmandatario anunciara su huelga de hambre, calificando este acto como una "indisciplina". Según el INPE, la negativa a ingerir alimentos como protesta constituye una falta grave según el Código de Ejecución Penal, lo que conlleva consecuencias administrativas. Sin embargo, el organismo aseguró que Castillo ha sido evaluado por el área de salud y su condición se encuentra estable.
A través de un comunicado, Ayala también solicitó que se asigne un médico de confianza para que realice un seguimiento a la salud de Castillo, quien según su abogado, presenta un deterioro físico como resultado de la huelga. Además, pidió que la CIDH realice una visita al penal de Barbadillo para verificar el estado de Castillo “in situ”.
El expresidente, que está detenido desde su fallido golpe de Estado en diciembre de 2022, se declaró a través de una misiva en X como “presidente en cautiverio”. En su mensaje, Castillo afirmó estar “recluido injustamente” por actos que, según él, no cometió. Asimismo, denunció que el tribunal que lo procesa, presidido por una jueza que ya habría adelantado opinión, está forzando el delito de rebelión en su contra.
Este conflicto surge en un contexto de creciente tensión entre el exmandatario y las autoridades judiciales peruanas, que han continuado con el proceso judicial tras su destitución y arresto el 7 de diciembre de 2022, tras intentar disolver el Congreso de forma unilateral.
Renuncia de su abogado de oficio, alegando “falta de respeto”
El martes 11 de marzo, Edgar Callahuanca, el abogado designado por la defensa pública para Pedro Castillo, renunció debido a la “pérdida de confianza” y la “falta de respeto” que considera ha tenido el expresidente hacia su persona.
En una carta leída durante la tercera audiencia del juicio, Callahuanca explicó que Castillo había sido renuente a mantener comunicación con él, señalando que el exgobernante no deseaba su participación en el proceso judicial. Además, lo acusó de haberlo grabado sin su consentimiento en la audiencia anterior.
Dado que Castillo no acreditó a un abogado en el juicio, el tribunal asignó inmediatamente a dos nuevos abogados públicos para continuar con su defensa. La situación dejó claro que la relación de confianza entre Callahuanca y el acusado estaba irremediablemente rota.
Desde su detención, Pedro Castillo permanece en el penal de Barbadillo, en Lima, donde se encuentra procesado junto a varios exfuncionarios de su gobierno, incluyendo dos de sus primeros ministros y exjefes policiales.
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