Pedro Castillo sufrió una ligera deshidratación por su huelga de hambre, informan en juicio: “Dos médicos lo examinaron”

El expresidente Pedro Castillo (2021-2022) sufrió una “ligera deshidratación” como consecuencia de la huelga de hambre que inició en protesta al juicio oral por orquestar un golpe de Estado a fines de 2022, un proceso que él considera una “injusticia”.

Durante una audiencia realizada este martes, la especialista judicial de causas informó que dos miembros del personal de Medicina Legal del Ministerio Público realizaron un examen físico al exmandatario en el penal de Barbadillo, donde permanece recluido desde su destitución.

Los especialistas lo examinaron en el tópico del centro penitenciario y concluyeron que Castillo se encontraba “clínicamente estable con ligera deshidratación”, diagnóstico que se formalizaría en el correspondiente certificado médico.

Una vez que la información se hizo pública, la jueza Norma Carbajal, integrante de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, hizo una distinción importante entre la huelga de hambre penitenciaria, utilizada como medio de protesta, y una huelga de hambre “genérica”, dado que la primera “compromete de manera especial” a la institución penitenciaria.

“No se puede negar que en estos casos, conforme al ordenamiento jurídico que nos rige, existe un especial deber de cuidado de la administración penitenciaria por la vida y la salud del interno”, indicó. En este sentido, la magistrada resolvió que el director del penal de Barbadillo adopte “las acciones de cuidado por vida y la salud de Castillo” y disponga un monitoreo periódico.

De igual modo, exhortó al exjefe de Estado a “que se abstenga de continuar con la medida de protesta”, pese a que él ha expresado su descontento con las acciones “parcializadas” del sistema de justicia.

“Pongo en conocimiento a mi familia, al pueblo peruano, que haciendo uso de mi derecho humano he decidido acatar a partir de esta fecha huelga de hambre”, se lee en un manuscrito difundido en la víspera, en el que también denunció que la jueza “ha adelantado su opinión, forzando el tipo penal de rebelión”.

Castillo se encuentra detenido en el penal de Barbadillo, un centro de reclusión de máxima seguridad donde ha permanecido desde su arresto, tras intentar un autogolpe en diciembre de 2022. Por este caso, enfrenta un pedido fiscal de 34 años de prisión por los cargos de rebelión y abuso de autoridad.

El jueves pasado, el exmandatario intentó abandonar la audiencia judicial, pero los magistrados negaron su requerimiento. “No deseo participar más de este juicio, con su permiso, ¿puedo retirarme? (...) Estoy aquí contra mi voluntad", dijo. En otro momento, también criticó a la Procuraduría General del Estado (PGE), que ha calculado un monto reparación civil de 65,4 millones de soles a ser pagados entre los eventuales condenados por este caso.

“Jóvenes robustos pidiendo millones de plata... que vayan a trabajar. Yo no puedo trabajar, tengo que hacer una rifa (para pagar eso). Nunca he cogido un arma. Dígame en qué momento se ha cerrado el Congreso. (...) Voy a retirarme porque quiero coordinar unos temas”, añadió.

El titular de la sala, el juez supremo José Neyra, le invocó a mantenerse presente y le advirtió que podría ordenar medidas si se oponía. Además, destacó que Castillo había expresado su negativa a contar con un abogado particular y subrayó que todo lo ocurrido estaba siendo registrado en video.

Proceso

El juicio fue por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en un ambiente adjunto al penal en el que el exmandatario está recluido desde el día en que anunció el fallido intento de golpe en un mensaje a la Nación.

La fiscal Galinka Meza reiteró la solicitud de una pena de 34 años de cárcel contra Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, además de tres años y seis meses de inhabilitación para ejercer cargo público.

Junto al exjefe de Estado son procesados los expresidentes del Consejo de Ministros Aníbal Torres y Betsy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta y tres expolicías, para los cuales el Ministerio Público solicita penas de entre los 25 y 15 años de cárcel.