En ausencia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el Gobierno de Perú ha declarado el estado de emergencia en varios distritos de las provincias de La Convención, en el departamento de Cusco, y La Mar, en el departamento de Ayacucho, debido a la creciente incidencia de actividades relacionadas con el tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos. Según lo estipulado en el Decreto Supremo Nº 028-2025-PCM, esta medida estará vigente durante un período de 60 días y busca restablecer el orden interno en estas regiones afectadas por organizaciones criminales.
De acuerdo con el decreto, los distritos afectados en la provincia de La Convención son Megantoni, Kumpirushiato, Echarate, Villa Virgen y Villa Kintiarina, mientras que en la provincia de La Mar se incluyen los distritos de Anco y Unión Progreso. La Policía Nacional del Perú (PNP) será la encargada de mantener el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Esta decisión responde a informes reservados de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad y del Frente Policial del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), que alertaron sobre la alta incidencia de delitos en estas zonas, poniendo en riesgo a la población local.
La región de influencia del proyecto Camisea, en particular, ha sido objeto de atención debido a su importancia estratégica para el país. Por ejemplo, el proyecto de la Planta de Fraccionamiento de Líquidos de Gas Natural (LGN), Kepashiato, está localizada en el distrito de Kumpirushiato, en la provincia de La Convención.
Exclusión de áreas estratégicas del proyecto Camisea
El decreto establece una excepción importante: el estado de emergencia no se aplicará al centro poblado de Kiteni, en el distrito de Echarate, ni a la denominada “Franja Territorial del Eje Energético del Gas de Camisea”. Esta franja comprende un área de 8 kilómetros a cada lado del sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas natural, desde el centro poblado de Nuevo Mundo, en el distrito de Megantoni, hasta el distrito de Anco, en Ayacucho. Estas áreas ya están bajo el alcance de un decreto previo, el Decreto Supremo Nº 016-2025-PCM, que prorrogó a fines de enero del 2025 el estado de emergencia en ciertos distritos de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco.
El proyecto Camisea, operado por un consorcio integrado por empresas como Pluspetrol, Hunt Oil, SK Innovation, Tecpetrol, Repsol y Sonatrach, es de vital importancia para el suministro energético del país. Este consorcio produce el 96% del gas natural y abastece el 70% del gas licuado de petróleo (GLP) en Perú. Los yacimientos de gas de Camisea, ubicados en la Cuenca Ucayali, en el distrito de Echarate, son fundamentales para el consumo interno en sectores como la generación eléctrica, el transporte, la industria y los hogares.
Restricciones a derechos constitucionales durante el estado de emergencia
Durante el período de emergencia, se aplicarán restricciones a ciertos derechos constitucionales en las zonas afectadas. Según lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, se limitarán derechos como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Estas medidas buscan facilitar las acciones de las fuerzas del orden para combatir las actividades delictivas en la región.
El decreto también establece que la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se llevará a cabo conforme a las normativas vigentes, como el Decreto Legislativo Nº 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP, y el Decreto Legislativo Nº 1095, que establece las reglas para el empleo de la fuerza por las Fuerzas Armadas. Además, se aplicará el protocolo de actuación conjunta del Estado en contextos de detención e intervención policial, aprobado en 2023.
Informe de resultados y firma del decreto
El decreto establece que, al término de los 60 días de estado de emergencia, la Policía Nacional deberá presentar un informe detallado al Ministerio del Interior sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante este período. Este informe será clave para evaluar la efectividad de las medidas adoptadas y determinar los pasos a seguir.
El Decreto Supremo Nº 028-2025-PCM lleva la firma de la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, junto con el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Lino Adrianzén Olaya, y otros altos funcionarios, como el ministro de Defensa, Walter Enrique Astudillo Chávez, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Melchor Arana Ysa. Cabe destacar que el despacho del Ministerio del Interior está actualmente a cargo de Morgan Niccolo Quero Gaime, debido a la ausencia del titular, Juan José Santiváñez, quien se encuentra en un viaje oficial en Bélgica.
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