Caso Liceo Naval: dos adolescentes señalados por la víctima rechazan pericias psicológicas

Dos de los seis adolescentes que permanecen internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, se negaron a pasar nuevas pericias psicológicas dentro de la investigación por la presunta agresión sexual contra un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise. Según el informe difundido por Willax TV, ambos tomaron esta decisión por recomendación de sus abogados y son precisamente los dos señalados por la víctima como quienes lo habrían sujetado de los brazos durante el ataque.

Las evaluaciones estaban a cargo de psicólogos forenses que acudieron al centro juvenil como parte de las diligencias fiscales. Sin embargo, dos de los investigados no aceptaron someterse a los exámenes. El abogado penalista Luis Lamas Puccio sostuvo que, desde su perspectiva, la negativa podría resultar contraproducente para su estrategia de defensa.

“Quieras o no quieras, te tienes que hacer la pericia”, afirmó el especialista durante el informe televisivo, al considerar que la decisión de no participar podría ser valorada dentro del proceso.

Fiscalía archivó investigación contra cuatro adolescentes

Mientras continúan las diligencias respecto de los seis menores internados, el Ministerio Público dispuso el archivo de la investigación contra otros cuatro adolescentes que inicialmente habían sido incluidos en el caso. La resolución fiscal fue emitida el 29 de octubre y dejó fuera del proceso a estos escolares, quienes no habían sido internados.

De acuerdo con el documento citado por Willax TV, la Fiscalía consideró que los cuatro menores no tenían una obligación jurídica específica de proteger al estudiante agraviado, debido a que eran alumnos y no desempeñaban una función profesional o un cargo que les atribuyera un deber de garante.

El informe también señala que el Ministerio Público analizó las imágenes registradas posteriormente en un chifa, donde acudieron los escolares. Las risas y gestos de algunos de ellos, según la resolución, no serían suficientes para demostrar que participaron en la presunta agresión sexual ni que actuaron como cómplices.

No obstante, el abogado Vladimir Padilla sostuvo que estos adolescentes podrían tener información relevante debido a que habrían presenciado los hechos. El especialista indicó que, aunque hayan quedado fuera de la investigación como imputados, podrían ser considerados testigos de lo ocurrido y tendrían que declarar sobre aquello que observaron o escucharon.

¿Quién tenía el deber de protección?

La Fiscalía también habría identificado a tres adultos que se encontraban en la movilidad escolar durante el traslado: el conductor, un entrenador y un profesor de Educación Física.

Según la resolución citada en el reportaje, el rol de garante habría correspondido al docente y entrenador Rafael Ludeña Valdivia, quien había sido designado formalmente como responsable de la delegación. Esta condición será relevante para establecer si existió algún incumplimiento de las obligaciones de protección respecto del estudiante.

Lamas Puccio planteó, además, que una reconstrucción de los hechos podría aportar elementos para determinar qué ocurrió durante el traslado y establecer las responsabilidades que correspondan. El especialista consideró que esta diligencia debería incluir a las personas que participaron en el viaje.

Investigación continúa mientras seis adolescentes siguen internados

El caso permanece abierto respecto de los seis adolescentes que continúan internados en Maranguita. De ellos, cuatro sí participaron en las nuevas evaluaciones psicológicas, mientras que los otros dos rechazaron someterse a los exámenes por recomendación de sus defensas, según el reporte televisivo.

La situación se conoce mientras el Ministerio Público continúa recopilando elementos para esclarecer la presunta agresión sexual denunciada por el estudiante. La investigación deberá determinar las responsabilidades individuales que correspondan, sin que las imputaciones formuladas durante esta etapa impliquen una condena.

A más de 50 días de los hechos denunciados, el caso mantiene abiertas varias interrogantes sobre lo ocurrido dentro de la movilidad escolar y las actuaciones de los adolescentes y adultos que participaron en el traslado.