
Desde las 10:00 a. m., la sala de audiencias del penal de Barbadillo, en Ate, recibió a Pedro Castillo y a los demás imputados: Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huertas en el inicio del juicio oral por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Todos enfrentan acusaciones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y alteración del orden público.
La audiencia transcurría con normalidad hasta que llegó el momento en que Pedro Castillo debía presentar a su abogado defensor. En ese instante, el exmandatario sorprendió al declarar: “Soy un presidente secuestrado en el penal de Barbadillo”. Con estas palabras, se negó a recibir asistencia legal o aceptar un defensor público, lo que generó tensión en la sala y provocó la intervención del tribunal.
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Pese a la demanda de Castillo de no participar en el proceso, al considerarlo anticonstitucional, el colegiado integrado por los jueces José Neyra Flores (presidente), Iván Guerrero López y Norma Carbajal Chávez declaró instalado el juicio oral por el fallido golpe de Estado. Según anunció la magistrada Carbajal, las audiencias se llevarán a cabo de forma presencial tres veces por semana, de 9 a. m. a 1 p. m.
Tras la presentación de los acusados y la acreditación de su defensa. El colegiado le dio la palabra a la fiscal adjunta suprema Galinka Meza Salas, en representación del Ministerio Público, para que inicie la exposición de sus alegatos de acusación.
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Acusación de la Fiscalía
La fiscal Galinka Meza empezó su exposición recordando que el juicio por el fallido golpe de Estado “no tiene precedentes en nuestra historia” y que el principal acusado, quebrantó el orden constitucional, siendo presidente electo del Perú.
Según la tesis que sustenta la Fiscalía, el plan para dar el golpe de Estado se orquestó un día antes, el 6 de diciembre de 2022, cuando los otros coacusados, Aníbal Torres y Betssy Chávez se reunieron con Pedro Castillo en el Despacho Presidencial. En este encuentro se escribió el discurso que iba a leer el entonces presidente durante su mensaje a la Nación, el mismo que fue escrito por Aníbal Torres.
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“Como consecuencia de la distribución de los roles, el acusado Aníbal Torres Vásquez redactó el mensaje a la Nación que debía ser leído por el acusado, Castillo Terrones, al día siguiente, 7 de diciembre de 2022. Y para ello y demostrar esa situación, tendremos la oportunidad de tener presente en este juicio al perito Arturo Ernesto Lazarte Vilca, quien dará cuenta como fue encontrado ese archivo, en ‘mensaje.doc’ y el mismo que fue creado el 6 de diciembre de 2022″, señaló la fiscal.
La representante del Ministerio Público también explicó que quienes planificaron el fallido golpe de Estado fueron: Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres. Por otra parte, los acusados de ejecutar el plan son: Willy Huertas, quien fue ministro del Interior y los oficiales PNP, Manuel Lozada Morales, Justo Venero Mellado, y Eder Infanzón Gómez.
Las penas solicitadas por la Fiscalía y las pruebas admitidas en el juicio
La Fiscalía ha solicitado severas penas privativas de libertad para los principales implicados en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. En el caso del expresidente Pedro Castillo, el Ministerio Público ha pedido una condena de 34 años de prisión, además del pago de una reparación civil de S/ 65′419.038,53.
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Por su parte, los exfuncionarios Betssy Chávez, Aníbal Torres, Willy Huerta, Manuel Lozada y Justo Venero enfrentan una solicitud de 25 años de cárcel. Mientras tanto, Eder Infanzón, quien actualmente se encuentra en Suiza, podría recibir 15 años de prisión. La reparación civil para los demás procesados asciende a S/ 64′419.038, monto que deberán asumir de manera conjunta.
Durante la fase de investigación, el tribunal admitió 65 pruebas documentales, así como los testimonios de 69 testigos. Entre los elementos probatorios también figuran pericias forenses y grafotécnicas, además de otros estudios técnicos que respaldan la acusación fiscal.
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Asimismo, se incluyeron 16 objetos de convención probatoria y 75 documentos probatorios presentados por todas las partes involucradas en el proceso.
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