Juan José Santiváñez admitió que fue abogado de ‘El Diablo’; sin embargo, insiste en que no defiende delincuentes

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, defendió el domingo (02.03.2025) su decisión de haber representado a dos policías condenados, Miguel Marcelo Salirrosas, conocido como ‘El Diablo’, y Eber Juárez, en un caso que los vinculaba a una presunta organización criminal.

Santiváñez explicó que asumió dicha defensa porque, a su juicio y el de su equipo legal, las sentencias que los condenaban no contaban con pruebas suficientes y carecían de un fundamento adecuado en derecho.

“Yo nunca he defendido delincuentes. He defendido a personas que consideramos inocentes, basándonos en informes legales de expertos”, afirmó Santiváñez en entrevista con Panorama.

En ese contexto, el ministro citó el informe del destacado penalista Manuel Cancio Meliá, quien elaboró un informe clave para su defensa. Según Santiváñez, Cancio Meliá concluyó que las sentencias dictadas contra los dos policías eran nulas debido a la falta de pruebas y la violación del derecho al debido proceso.

El ministro detalló que, tras recibir el informe de Cancio Meliá, su despacho asumió el caso a través de un habeas corpus, buscando la nulidad de las sentencias. “El informe establece que no había una correlación entre el material probatorio y la actuación de estos dos efectivos”, explicó Santiváñez, insistiendo en que las sentencias no estaban suficientemente respaldadas por pruebas concretas.

En relación a Miguel Marcelo Salirrosas, apodado ‘El Diablo’ debido a su presunta vinculación con actividades delictivas, Santiváñez explicó que, aunque ya no era abogado de Salirrosas, la familia de este solicitó un reexamen de la sentencia al Tribunal Constitucional. Argumentaron que la sentencia era injusta y que carecía de fundamento probatorio.

Santiváñez destacó que hubo sentencias contradictorias dentro del Tribunal Constitucional, lo que llevó a la solicitud de revisión. “Este caso muestra la discrepancia entre las decisiones del Tribunal Constitucional sobre una misma sentencia”, señaló.

El ministro también aclaró que, tras asumir el cargo de ministro del Interior, se desvinculó completamente de estos casos. “Ya no soy abogado de estas personas. Mi compromiso ahora es con la política y con mi función pública”, afirmó Santiváñez, resaltando que desde su ascenso al cargo, dejó de ser parte activa en estos procesos legales.

En relación con las acusaciones que surgieron en un reportaje periodístico, que lo vinculaban con la defensa de policías involucrados en organizaciones criminales, Santiváñez reaccionó tajantemente, calificando las afirmaciones de “mentiras absolutas” y “falsas”. El ministro denunció que el reportaje estaba parcializado y que no se citó documentación clave que había sido proporcionada por su equipo de defensa.

Santiváñez desafía a la fiscal de la Nación ante posible allanamiento

Por otro lado, Santiváñez fue cuestionado sobre su relación con la Fiscalía de la Nación en el contexto de un posible allanamiento en su domicilio, luego de que ciertos reportes indicaran que su nombre estaba vinculado a una investigación en curso.

Aunque no descartó que estas acciones formaran parte de un intento de desprestigiarlo, el ministro indicó que la Fiscalía había actuado de forma arbitraria. “La Fiscalía ha actuado de manera irregular. Yo tengo derecho a defender mis prerrogativas y mi honor", declaró Santiváñez.

Finalmente, sobre su defensa de los policías condenados, el ministro fue enfático: no se arrepiente de haber asumido su defensa. “Defendí a personas que considerábamos injustamente acusadas. Nunca he defendido a delincuentes", concluyó Santiváñez, reafirmando su postura en defensa del debido proceso y la justicia.

Santiváñez defendió pago de S/30 mil a su vocero

El 27 de febrero, el ministro del Interior de Perú, Juan José Santiváñez, defendió el pago de S/30.000 a Carlos López Aedo, un coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP) recientemente designado como vocero del ministerio.

Santiváñez aclaró que este monto corresponde a una orden de servicio y será distribuido durante tres meses, cubriendo no solo las funciones de vocería, sino también tareas de asesoría en comunicación. El ministro especificó que el pago no es un salario fijo mensual, sino una compensación por los servicios acordados.

Santiváñez también minimizó las críticas que surgieron tras la revelación del pago, especialmente ante la situación de inseguridad ciudadana en el país. En medio de las controversias, el ministro negó que considerara renunciar a su cargo.

“No tengo dentro de las perspectivas renunciar, porque no me estoy dando por vencido en el trabajo con la PNP para la seguridad ciudadana”, afirmó ante la prensa.

Asimismo, el ministro se refirió a la moción de censura en su contra como una potestad del Congreso, pero reiteró que se sometería a cualquier interrogatorio relacionado con su gestión.