La semana pasada participé en la COP31, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Antalya, Turquía. Entre conversaciones sobre financiamiento, innovación tecnológica, adaptación y compromisos internacionales, una reflexión se hizo cada vez más evidente: seguimos intentando resolver una crisis sistémica mediante respuestas fragmentadas.
Durante décadas hemos construido agendas relativamente independientes para enfrentar el cambio climático, proteger la biodiversidad y promover el desarrollo económico. Cada una cuenta con sus propias instituciones, instrumentos financieros, indicadores y prioridades políticas. Sin embargo, los sistemas naturales de los que depende nuestra prosperidad no funcionan siguiendo esas divisiones.
PUBLICIDAD
Un bosque no distingue entre regulación climática, conservación de biodiversidad y seguridad hídrica. Un manglar no separa la protección costera del sustento de las comunidades. Una cuenca hidrográfica no diferencia entre infraestructura pública, productividad agrícola y resiliencia económica.
Esas divisiones existen en nuestras instituciones, no en la naturaleza.
Una de las conversaciones más relevantes que identifiqué durante mi participación en Antalya fue precisamente la necesidad de conectar agendas que históricamente han avanzado en paralelo. La relación entre producción agrícola, biodiversidad y clima, por ejemplo, comienza a adquirir una mayor importancia estratégica. Cultivos como el cacao permiten comprender cómo la conservación de ecosistemas, las cadenas de valor y el desarrollo territorial pueden formar parte de una misma conversación económica.
PUBLICIDAD
Pero también observé tensiones que no podemos ignorar.
El creciente interés por los créditos de carbono y biodiversidad plantea oportunidades para movilizar recursos, pero también interrogantes fundamentales sobre quién define el valor de la naturaleza, quién controla los territorios y quién recibe los beneficios.

Para numerosas comunidades, los ecosistemas no representan únicamente activos ambientales. Son territorios vivos, espacios de identidad, relaciones culturales y sistemas que sostienen su existencia.
Cualquier arquitectura financiera que ignore estas dimensiones corre el riesgo de reproducir desigualdades bajo un nuevo lenguaje ambiental.
El desafío, por tanto, no consiste únicamente en movilizar más capital hacia la naturaleza. Consiste en transformar nuestra comprensión de su papel dentro de las sociedades y las economías.
PUBLICIDAD
Aquí surge una posibilidad que considero fundamental: reconocer ciertos sistemas naturales como infraestructura crítica.
Una ciudad comprende la importancia de mantener sus redes eléctricas, carreteras y sistemas de abastecimiento de agua. Su deterioro amenaza servicios esenciales, actividades económicas y seguridad pública.

Sin embargo, esa misma ciudad puede depender de una cuenca hidrográfica cuya degradación comprometería precisamente esos servicios, sin que dicha cuenca reciba una protección institucional o presupuestaria equivalente.
No toda la naturaleza constituye infraestructura crítica. Pero determinados ecosistemas desempeñan funciones tan esenciales, y en ocasiones tan difíciles de sustituir, que su colapso puede generar consecuencias económicas y sociales en cascada.
PUBLICIDAD
Esto no significa desconocer ni subordinar el valor ecológico intrínseco de la naturaleza, ni sus dimensiones culturales y espirituales, que pertenecen a todos los ecosistemas, independientemente de su función económica. Se trata de incorporar un lente adicional que permita reconocer determinadas funciones de los sistemas naturales en el lenguaje que los gobiernos, la banca y los mercados financieros ya utilizan para identificar riesgos sistémicos, establecer prioridades de inversión, asignar presupuestos y garantizar la continuidad de servicios esenciales. Este enfoque no busca reducir la naturaleza a infraestructura, sino ampliar las herramientas institucionales y financieras disponibles para protegerla, y reconocer esta realidad tiene implicaciones profundas.
Significa pasar de financiar únicamente proyectos de conservación a considerar responsabilidades permanentes de mantenimiento, gestión de riesgos e inversión preventiva. Significa conectar presupuestos públicos, planificación territorial, tecnología, instrumentos financieros y políticas de resiliencia.
PUBLICIDAD
También exige reconocer que la innovación tecnológica debe fortalecer las capacidades de las comunidades y las instituciones, no reemplazar sus conocimientos ni sus derechos.
La COP31 continúa sus negociaciones, y sus resultados deberán evaluarse más allá de las declaraciones finales. Pero existe una transformación que no debería depender de una próxima conferencia: integrar los sistemas naturales en las decisiones fundamentales de desarrollo económico.
Porque la naturaleza no es simplemente un sector que debemos proteger mientras construimos nuestras economías.
Es la infraestructura crítica viva que permite que esas economías existan.
Y quizás el siguiente gran avance de la acción climática no consista solamente en reducir lo que emitimos, sino en aprender a proteger aquello de lo que dependemos.
PUBLICIDAD

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Cobrador de cúster asesinado de nueve balazos en Villa El Salvador: había sobrevivido a otro atentado hace menos de dos meses
El transportista decidió regresar a sus labores para recuperar los ingresos perdidos, aunque la empresa donde trabajaba afrontaba amenazas de extorsionadores

Néstor Villanueva pide tenencia de sus hijos a Flor Polo tras denuncia contra Luiggi Yaranga
El cumbiambero reapareció y aseguró que solicitará esta medida temporal tras la exposición que tiene su expareja

Ranking SUNEDU de universidades públicas 2026: UNALM, UNMSM, UNTRM lideran y la UNI cae, ¿por qué?
El nuevo informe de Sunedu reordena a las universidades públicas del Perú: La Molina desplaza a San Marcos, mientras el cambio metodológico beneficia a instituciones regionales

PJ ordena al Minsa devolver a comerciantes de ‘La Cachina’ el terreno destinado al nuevo Hospital de SJL
El terreno, que le pertenece al Estado peruano, había sido recuperado el año pasado para desarrollar un hospital de nivel III-1 en beneficio de más de 1 millón de habitantes del distrito más poblado del país.

ATU apunta a incorporar 3 mil buses de transporte urbano en Lima y Callao en los próximos 18 meses
David Hernández, presidente ejecutivo de la institución, informó que cerca de mil unidades se sumaron desde abril de 2025 y prepara un esquema financiero para que los operadores renueven sus vehículos dentro del sistema de transporte público


