“Te doy 24 horas o vuelo el colegio”: docentes pagan hasta S/10 diarios a extorsionadores para no ser atacados

El crimen organizado desata el terror en las escuelas del Perú. Según denuncias recientes, docentes en varias localidades del país como La Libertad, Callao y Ventanilla son víctimas de extorsión por parte de bandas delincuenciales que los amenazan y exigen pagos constantes para garantizar su seguridad. Alfredo Velásquez, dirigente nacional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), denunció que los extorsionadores exigen cuotas diarias a los educadores para evitar represalias.

La extorsión a docentes no solo se limita a las amenazas directas: afecta de manera irreversible la vida cotidiana de los educadores en varias regiones del país, que despiertan y van a trabajar con el temor de perder la vida. De acuerdo con las denuncias de Velásquez, los profesores deben pagar cupos para poder realizar su trabajo sin miedo. “En La Libertad, el Callao y Ventanilla, los profesores son amenazados por bandas extorsivas que piden cuotas de entre 5 y 10 soles″, indicó el dirigente del Sutep en una entrevista con Exitosa Noticias. Estas exigencias son vistas como una medida para garantizar la seguridad de los maestros en un contexto de creciente violencia en las calles.

En este contexto, el Sutep ha instado al gobierno de Dina Boluarte a implementar un plan de seguridad para proteger a los docentes y garantizar el normal funcionamiento de las escuelas. La situación ha generado preocupación entre los maestros, padres de familia y estudiantes, quienes podrían verse igualmente afectados por las bandas criminales que operan en estas áreas.

Profesores y alumnos amenazados por bandas extorsivas

La inseguridad se ha convertido en un desafío para el sistema educativo, que enfrenta dificultades tanto en las instituciones públicas como privadas. La presidenta de la Asociación de Promotores de Educación Inicial, Giannina Miranda, destacó en conversación con La República que más de 300 colegios privados en el Perú se han visto obligados a cerrar debido a las amenazas de extorsión. Los pagos exigidos a los directivos de estas escuelas oscilan entre 10.000 y 70.000 soles.

En Lima, se han registrado más de 86.000 denuncias por extorsión, siendo los distritos de San Juan de Lurigancho, Ate Vitarte y Lima Norte algunas de las zonas más afectadas. Además, las disputas territoriales han incrementado la violencia en el sector educativo, con bandas criminales disputándose el control de cobros ilegales. Esta creciente inseguridad ha llevado a que, en algunos casos, los colegios sufran ataques directos, como incendios provocados en sus fachadas.

El problema no solo impacta la seguridad personal de los docentes; también afecta el normal desarrollo de las actividades escolares. En algunas zonas, los maestros no pueden salir solos de las instituciones educativas y se ven obligados a hacerlo en grupo por temor a ser atacados. En el caso de colegios como el Alfred Nobel, ubicado en el distrito de Comas, los extorsionadores exigían pagos mensuales de hasta 60.000 soles con amenazas como “Te doy 24 horas o vuelo el colegio”. La organización criminal Los Injertos del Cono Norte amenazó de muerte a los dueños de la escuela y advirtió posibles atentados contra los estudiantes si no recibían el pago exigido.

Sutep exige medidas inmediatas a Dina Boluarte

La crisis de inseguridad también ha dejado consecuencias fatales, como el caso de un profesor asesinado en octubre pasado en Ate por sicarios frente a sus alumnos. Este asesinato ha sido un recordatorio de la vulnerabilidad de los educadores ante la violencia que se desata en varias regiones del país. La necesidad de un plan de seguridad para proteger a los docentes y garantizar la integridad de la comunidad educativa es cada vez más urgente.

El Sutep ha hecho un llamado urgente al Ministerio de Educación y al gobierno de Dina Boluarte para que tomen medidas inmediatas frente a la creciente ola de inseguridad. Alfredo Velásquez destacó que los docentes, tanto en instituciones públicas como privadas, deben ser protegidos para poder ejercer su labor de manera segura. “Vamos a insistir a Boluarte y al ministro de Educación para que tomen las estrategias correspondientes”, señaló.