Congreso bloquearía posible candidatura de Harvey Colchado: Personas con acceso a información reservada no podrían postular

Alejandro Soto, autor de la iniciativa, defendió su proyecto de ley al señalar que aún debe ser debatido y votado por los 130 congresistas. Además, sostuvo que quienes hayan accedido a información reservada no deberían utilizarla con el propósito de causar “daño moral”

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Alejandro Soto defiende su proyecto
Alejandro Soto defiende su proyecto de ley para evitar que se use información sensible para causar daño moral a otras personas. Foto: composición Andina

La popularidad del exjefe de la Diviac, Harvey Colchado, es innegable. Aunque en sus entrevistas el coronel ha adelantado que no tiene intención de postular a un cargo público, pues su prioridad es reincorporarse a la Policía Nacional y asumir el liderazgo de la institución, su perfil ha despertado el interés de varios partidos políticos.

En junio de 2024, cuando su retiro aún era un rumor, una encuesta de Ipsos para Perú21 reveló que el 23 % de los peruanos respaldaría una eventual candidatura de Colchado. Aunque no se han actualizado esas cifras, el coronel siempre ha contado con un alto nivel de aprobación debido a su extensa trayectoria en la PNP.

Esta aceptación parece haber generado inquietud en algunos congresistas, especialmente en los de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), partido salpicado por el escándalo de la presunta red de prostitución en el Parlamento.

Modificación propuesta por Alejandro Soto.
Modificación propuesta por Alejandro Soto.

En ese contexto, Alejandro Soto, legislador de APP, presentó un proyecto de ley que busca impedir que los funcionarios con acceso a información secreta, reservada o confidencial puedan postular al Congreso. Sin embargo, la iniciativa no contempla restricciones para los actuales parlamentarios.

Los otros integrantes de Alianza Para el Progreso que respaldaron el proyecto de Soto, fueron María Acuña, Magaly Ruíz, Nelcy Heidinger, Juan Carlos Lizarzaburu (ex fujimorista) y Manuel García Correa. Este último contrató un tiempo a Jorge Torres Saravia como asesor de su despacho.

El perfil de Harvey Colchado

Si esta iniciativa logra aprobarse, uno de los funcionarios que no podría postular a las próximas elecciones de 2026 sería Harvey Colchado. Mientras fue parte de la PNP, el coronel se desempeñó como jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y lideró el equipo especial de la PNP de apoyo al Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), liderado por Marita Barreto.

Solo en los últimos años, Colchado ha estado implicado en investigaciones de personajes de alto perfil político y social. Participó en el allanamiento a la presidenta Dina Boluarte, la fallida detención del expresidente Alan García y captura del expresidente Pedro Castillo.

Propuesta de Alejandro de Soto es inconstitucional

Ante las críticas, el autor del proyecto salió a responder en sus redes sociales. En el comunicado, Soto Reyes señaló que solo se trata de una iniciativa que debe ser aprobada por la mayoría en el Congreso. Asimismo, dijo no entender el “temor” de la propuesta, ya que a su criterio no considera justo que ciertas autoridades “que mantienen esta información secreta lo utilicen en beneficio propio a costa del daño moral” de los demás.

Comunicado de Alejandro Soto
Comunicado de Alejandro Soto

Infobae Perú se comunicó con Jorge Jáuregui, experto en derecho electoral, quien advirtió que la propuesta de Soto es inconstitucional, ya que, restringe el derecho de la población para tener una mayor oferta de candidatos entre quien elegir. Asimismo, agregó que estas propuestas se han hecho frecuentes en los últimos años.

En ese sentido, Jáuregui expresó su preocupación por las iniciativas que permiten establecer reglas, impulsadas por un sector guiado por intereses políticos, que distorsionan la naturaleza del sistema electoral.

“Los procesos electorales tienen por función que la ciudadanía ejerza un componente que es clave en un régimen democrático, que se llama la soberanía popular. Es decir, que las personas, en su conjunto, definan, a través del voto, que personas son las que acceden a la representación o no. Entonces, si se introducen mecanismos a través de los cuales intereses particulares pueden limitar el derecho de los ciudadanos postulando y el derecho de control que tienen los ciudadanos cuando votan, es una distorsión sustantiva”, agregó.

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