El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, reconoció este jueves que en 2009 votó a favor de la concesión de peajes a la empresa brasileña OAS, al considerar que la inversión representaba un beneficio para la ciudad. El burgomaestre llegó a la sede de Exitosa luego de que la emisora difundiera un acta de la comuna limeña, fechada el 25 de junio de 2009, en la que se recoge su postura favorable hacia el contrato.
Aunque no pudo ingresar a la cabina, anunció que denunciaría por difamación al periodista Nicolás Lúcar. Sin embargo, admitió que apoyó la concesión a OAS, aunque cuestionó la gestión del contrato durante la administración de Susana Villarán.
“En 2009 el Consejo Metropolitano de Lima, donde hay 40 regidores, recibió una oferta. Fue sometida a muchas gerencias, fue aprobada por muchas gerencias y sometida al Consejo Metropolitano para tener la opinión de los regidores. Mi opinión en ese momento, y la mantengo, es que sí era negocio para Lima recibir 600 millones de dólares de inversión para hacer un túnel bajo el río Rímac, cosa que han hecho, pero que los peajes no podían pasar a manos de estos delincuentes, como lo hizo la señora Villarán, hasta terminar el túnel”, declaró.
López Aliaga justificó su voto a favor del proyecto al considerar que la inversión era atractiva en el contexto político de la época. “Mira, mi trabajo es banca. Si una persona viene en pleno Andahuaylazo, que era un problema político en ese momento para Perú gravísimo, viene con 600 millones de soles y arriesga y pone equity, lo que se llama dinero de riesgo, ¿por qué no? Era interesante la propuesta. Pero se vuelve desfavorable cuando la Villarán interviene, con toda su mafia, recibe coima y varía contrato original”, sostuvo.
Basado en documentos oficiales, Exitosa contradijo las declaraciones del alcalde pues, ese mismo año, la Gerencia de Finanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima emitió un informe dirigido a la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, en el que advertía sobre la rentabilidad de los peajes y los ingresos que podrían generar si eran administrados por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape).
Según el acta de 2019, López Aliaga sostuvo que consideraba viable el proyecto. “Es un riesgo muy grande (para OAS), un riesgo país no garantizado por nadie. ¿Quién invierte 600 millones de dólares contra nada en nuestro país tercermundista, en la situación que estamos? Me parece un trabajo honesto”, afirmó en ese entonces, cuando era regidor en la gestión del alcalde Luis Castañeda Lossio.

También defendió la solvencia de OAS, al señalarla como una de las cinco principales constructoras de Brasil junto con Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvão, todas involucradas en el escándalo Lava Jato.
OAS finalmente obtuvo la concesión del proyecto Línea Amarilla, un sistema vial y de peajes en Lima con un costo de 676 millones de dólares, además del paso a desnivel de 28 de Julio, en el centro de la capital.
Sentencia
El expresidente de OAS, Léo Pinheiro, fue condenado a más de 30 años de prisión por corrupción. Sin embargo, en septiembre de 2024, un juez de la Corte Suprema de Brasil anuló todas las sentencias en su contra, incluidas las relacionadas con el caso Lava Jato, en el que declaró contra el actual presidente Lula da Silva.

El caso Lava Jato destapó millonarios desvíos de recursos de la petrolera estatal Petrobras, llevó a prisión a empresarios y políticos y generó investigaciones por corrupción en varios países de América Latina. En 2019, la exalcaldesa Susana Villarán admitió que recibió aportes de esta constructora y de Odebrecht para financiar la campaña contra su revocatoria en 2013.
“Cometí un grave error, permitir que empresas que tenían proyectos privados en la ciudad financiaran la campaña. Reafirmo lo que he dicho siempre: que no hemos recibido coimas, que no hemos hipotecado el interés público a empresas privadas”, publicó en sus redes sociales.
La Fiscalía pide 29 años de prisión para Villarán, quien encabezó la Municipalidad entre 2011 y 2014. Se le investiga por recibir tres millones de dólares de Odebrecht y siete millones de OAS.
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