El 9 de febrero de 2025, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dirigió una carta notarial al Movimiento Manuela Ramos para solicitar “la rectificación inmediata” de lo expresado por la ONG en el programa televisivo Cuentas Claras. En el documento, el burgomaestre afirma que, de no mediar una respuesta favorable, se verá obligado a iniciar “las acciones legales correspondientes por el delito de difamación agravada”.
La controversia tuvo origen días antes, cuando López Aliaga acusó a la ONG de presunto mal uso de fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Entre otras declaraciones, el alcalde declaró en televisión: “Estoy buscando la verdad (...) de cómo se le ha robado al pueblo peruano, fondos que eran para ayuda social”, a lo que sumó: “Una forma de robar es destinar un millón de dólares –que es para el pueblo– a pagar planillas y consultorías”. Manuela Ramos rechazó estas afirmaciones y adelantó que también tomaría acciones legales contra el burgomaestre.
En el documento, López Aliaga hace referencia a un reportaje del diario Expreso, que cuestiona el porcentaje de los recursos supuestamente destinados a planillas dentro de un proyecto de apoyo financiado por USAID. Asimismo, detalla que, el 7 de febrero, una representante de Manuela Ramos negó en Cuentas Claras haber recibido un millón quinientos mil dólares de dicha agencia en 2009, respondiendo de forma literal: “Por supuesto que no”. Posteriormente, durante la misma transmisión, se exhibió un documento de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) que, según el alcalde, confirmaría dicho financiamiento.
La carta notarial y un controversial mensaje en Facebook
En su misiva, el burgomaestre expresa que, pese a la “abrumadora evidencia”, la vocera de la ONG “sostuvo que ‘el Sr. López Aliaga ha mentido y difamado’”. A continuación, señala que esto es “falso y contrario a la realidad” y, con base en jurisprudencia del Tribunal Constitucional, insiste en que la libertad de información le ampara siempre y cuando los hechos presentados se adecuen a la verdad en sus aspectos fundamentales.
Por ello, exige: “Por todas estas consideraciones, solicito al Movimiento Manuela Ramos la rectificación inmediata de la declaración de su representante durante la transmisión del 07 de febrero de 2025 durante el programa televisivo Cuentas Claras; en caso contrario, nos veremos en la imperiosa necesidad de iniciar las acciones legales correspondientes por el delito de difamación agravada”.
Asimismo, desde la alcaldía limeña, López Aliaga exteriorizó su punto de vista con un tono confrontacional. En un mensaje publicado junto a la carta notarial en su cuenta oficial de Facebook, se refirió a la ONG del siguiente modo: “DENUNCIADOS POR DIFAMACIÓN AGRAVADA..! LAS PRUEBAS EN SU CONTRA SON ABUNDANTES..! DAN ASCO..!”.
Manuela Ramos denuncia “campaña de desinformación, acoso y persecución”
La ONG Manuela Ramos difundió, por su parte, un comunicado en redes sociales en el que adelantó su postura: “Todo lo que el Señor López Aliaga ha dicho en varias entrevistas es absolutamente falso. Vamos a proceder legalmente. Denunciamos la campaña de desinformación, acoso y persecución emprendida por sectores que no quieren que sigamos luchando por la igualdad y la no discriminación”. Con más de cuatro décadas de trabajo en favor de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ, la organización asegura que viene siendo objeto de hostigamiento mediático.
De acuerdo con la documentación exhibida por el burgomaestre, la ONG habría recibido fondos de USAID más allá de 2005, lo que, a su juicio, debe aclararse con transparencia, tomando en cuenta los reportes que exigen todas las organizaciones de cooperación internacional. Manuela Ramos, por su parte, asegura poseer todos los registros necesarios para comprobar el uso adecuado de los aportes que recibe para sus programas.
En caso de que el Movimiento Manuela Ramos persista en no atender la petición de rectificación, el alcalde ha dejado claro que no dudará en llevar el caso a instancias judiciales, escalando el enfrentamiento a un nivel mayor. Por su lado, la ONG insiste en la defensa de su trayectoria, subrayando que todos sus proyectos son regularmente auditados y presentados ante las entidades estatales competentes. Se prevé, por lo tanto, un panorama en el que las evidencias formales y la verificación de los montos serán determinantes para definir responsabilidades y resolver esta controversia.
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