Congreso cita a Gustavo Adrianzén y Morgan Quero para que expliquen decisión por cierre del Proyecto Especial Legado

La Comisión Especial del Congreso encargada de la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 ha convocado para este lunes al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y al ministro de Educación, Morgan Quero, con el objetivo de explicar la decisión de extinguir el Proyecto Especial Legado. Este organismo estuvo a cargo de 40 sedes deportivas construidas o rehabilitadas para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, como el Estadio Nacional, el Polideportivo de Villa El Salvador, la Videna y otros.

La reunión está programada para el 17 de febrero de 2025, a las 11:00 a.m., en la Sala 5 “Gustavo Mohme Llona” del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, en el Congreso. El propósito de la convocatoria es que ambos funcionarios expongan los fundamentos técnicos, legales y presupuestales que respaldan la decisión de extinguir el Proyecto Especial Legado, así como un análisis del costo-beneficio de dicha medida.

La decisión del gobierno de Dina Boluarte implica la transferencia del presupuesto y los bienes del Proyecto Especial Legado al Instituto Peruano del Deporte (IPD). Esta medida ha despertado críticas por parte de figuras ligadas al deporte, como Carlos Neuhaus, expresidente del Comité Organizador de Lima 2019, quien cuestiona la falta de debate público y transparencia. El Proyecto Legado había mantenido operativas y en óptimo estado sus sedes deportivas desde los Juegos Panamericanos y había asegurado la sede de los Juegos Lima 2027. Su cierre, según diversos sectores, pone en duda la capacidad del IPD para garantizar una adecuada administración rumbo al próximo evento deportivo.

Un historial de irregularidades en el IPD

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) no está exento de controversias. Informes recientes de la Contraloría General de la República revelan diversas irregularidades en su gestión. Entre ellas, la no ejecución de más de 10 millones de soles de su presupuesto en 2024, lo que habría afectado planes de promoción y desarrollo deportivo. Además, se detectaron pagos a proveedores inhabilitados que presentaron información falsa, denuncias sobre clientelismo político y presuntas vinculaciones con la organización criminal conocida como “Los Waykis en la Sombra”. Estas acusaciones generan dudas sobre la capacidad institucional del IPD para asumir las responsabilidades del disuelto proyecto.

La falta de rendición de cuentas también ha salido a la luz. La Contraloría señala retrasos en los informes sobre el uso de fondos asignados para infraestructura deportiva. Al mismo tiempo, deportistas y asociaciones han denunciado deficiencias en el mantenimiento de instalaciones clave, algunas de las cuales presentan deterioros a pesar de contar con recursos destinados para estas tareas.

Congresistas envían oficio a PCM

Parlamentarios de ocho bancadas, miembros de la Comisión de Seguimiento a los Juegos Lima 2027, enviaron un oficio a la Presidencia del Consejo de Ministros expresando su profunda preocupación por la posible extinción del Proyecto Especial Legado. En el documento se destaca que dicho proyecto es un modelo de gestión de infraestructura deportiva reconocido internacionalmente, clave para la obtención de eventos como los Juegos Bolivarianos 2025 y los Juegos Panamericanos, asegurando el mantenimiento de las instalaciones y evitando su abandono o deterioro.

También se resalta que el proyecto ha gestionado más de 1,500 eventos nacionales e internacionales y cuenta con personal calificado con experiencia en los Juegos Lima 2019. Los congresistas consideran que eliminar el proyecto sería un error estratégico, afectando los próximos megaeventos deportivos.

La cancelación del Proyecto Legado no solo afecta a la infraestructura deportiva, sino también a cientos de atletas peruanos que utilizaban estas instalaciones para sus preparaciones. En las últimas semanas, diferentes voces han alertado sobre el impacto que esta decisión podría tener en la participación de deportistas en competencias internacionales.

La designación del IPD como único responsable de estas instalaciones deportivas llega en un momento crítico. La institución no solo enfrenta cuestionamientos por mala gestión, sino también por presuntos actos de corrupción y administración ineficiente de sus recursos. El reciente traspaso de las sedes y bienes del Proyecto Legado amplificará sus responsabilidades, lo que genera dudas sobre su capacidad para cumplir con los objetivos trazados.