Reporte internacional denuncia retroceso en derechos de la mujer y LGBTQ+ en Perú bajo gobierno de Dina Boluarte

En un contexto de creciente tensión política, una investigación internacional ha puesto en evidencia la alarmante erosión de los derechos humanos de las mujeres y las diversidades sexuales en Perú. Según el reporte “Lo que no es bueno para la democracia en Perú, no es bueno para las mujeres”, de la agencia de noticias Inter Press Service (IPS), la creciente influencia de grupos ultraconservadores ha generado un retroceso significativo en los avances logrados durante las últimas tres décadas.

Virginia “Gina” Vargas Valente, cofundadora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, una de las organizaciones más antiguas del feminismo latinoamericano, ha sido contundente en sus declaraciones sobre la situación en el país. “Estamos ante un gobierno profundamente conservador que está abriendo las puertas a todos los retrocesos. Tenemos un Estado fallido con una democracia que ya no es democracia”, aseguró Vargas en entrevista con IPS.

El informe pone de manifiesto cómo la crisis política que atraviesa el país, sumada a las políticas implementadas por el gobierno de Dina Boluarte, ha debilitado las instituciones democráticas, afectando de manera directa los derechos fundamentales de las mujeres y la población LGBTI+. Vargas también destacó que puede ver cómo las fuerzas conservadoras, ahora representadas por la ultraderecha en Perú, buscan recuperar lo que perdieron en términos de “valores tradicionales”.

La posible desaparición del Ministerio de la Mujer enciende la alerta

“Los conservadores nos están quitando todo lo que creen que va contra sus principios tradicionales, cuando la realidad de las peruanas es de discriminación, violencia, feminicidios, violación sexual de niñas, negación del aborto terapéutico”, afirmó la socióloga, quien con más de 80 años de vida, ha sido testigo de los importantes avances en derechos para las mujeres. En su intervención, Vargas recordó la importancia de la Plataforma de Acción Mundial de Beijing, un hito de la lucha feminista mundial, que permitió el establecimiento de mecanismos a nivel internacional para promover la igualdad de derechos.

Sin embargo, a pesar de los compromisos asumidos por muchos países tras la conferencia de 1995, Vargas lamentó que en Perú se enfrente a una “resistencia brutal” a estos avances. Según la activista, el debilitamiento de las instituciones democráticas en Perú, junto con la falta de equilibrio de poderes, ha dado paso a una serie de reformas y políticas que favorecen a los grupos ultraconservadores y que, en su opinión, atentan contra la democracia.

Uno de los cambios más controversiales mencionados en el reporte es la posible desaparición del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Este ministerio, encargado de promover políticas públicas a favor de la igualdad de género, se fusionará con el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social (Midis), lo que genera preocupación entre las activistas que temen que el avance en la protección de los derechos de las mujeres y la población LGBTI+ quede relegado a un segundo plano. “Estamos ante un Estado fallido, con un avance del fundamentalismo, autoritarismo e imposición de la derecha. Definitivamente, lo que no es bueno para la democracia, de ninguna manera es bueno para nosotras ni para las diversidades sexuales”, alertó Vargas.

Violencia de género y discriminación LGBTI+ no cesan

El reporte también señala que, a pesar de la legislación existente en Perú, como la ley contra la violencia hacia las mujeres y la tipificación del feminicidio en el Código Penal, la violencia de género sigue siendo un grave problema. En 2024, el país registró 170 feminicidios, un número que se eleva a más de 450 si se incluyen los casos de 2022 y 2023.

Para Antonella Martel, psicóloga de 29 años, los avances en los derechos de las mujeres y la igualdad de género que había experimentado en su vida parecen ahora estar en peligro. “Hay desconfianza en las instituciones que no son aliadas de las luchas de las mujeres ni cumplen un rol protector de sus derechos”, expresó. En su opinión, la desaparición del Ministerio de la Mujer podría hacer aún más difícil el acceso a la justicia y la protección frente a la violencia de género.

Por su parte, María Ysabel Cedano, abogada y activista de la organización Demus, también ha alzado su voz contra el avance de los grupos conservadores en Perú. “Estamos ante el secuestro de la democracia como horizonte político”, afirmó Cedano, quien considera que los grupos ultraconservadores están atacando todo lo que se opone a sus creencias. En su denuncia, Cedano destacó la falta de leyes fundamentales para la población LGBTI+ en Perú, como la identidad de género y el matrimonio igualitario.

La situación de la población LGBTI+ es particularmente preocupante, ya que, según un estudio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el 71% de la población percibe que las personas LGBTI+ sufren discriminación en el país. Cedano explicó que la falta de protección legal y la violencia estructural hacia las personas LGBTI+ ha colocado a este colectivo en una situación de vulnerabilidad aún mayor.

En este panorama, las activistas han expresado su temor de que la democracia peruana se vea cada vez más deteriorada, dejando atrás los avances logrados en términos de derechos humanos. “Pretenden que vivamos en el gueto, en los márgenes”, denunció Cedano, refiriéndose a la situación de las lesbianas y otras personas LGBTI+ que se enfrentan a constantes violaciones de sus derechos.