El Perú continúa enfrentando un panorama preocupante en torno a la violencia de género, reveló la Defensoría del Pueblo en su último informe correspondiente al año 2024. Según cifras recientes, se reportaron 170 feminicidios, un incremento significativo con respecto al año anterior, donde se documentaron 150 casos, lo que representa un aumento del 13 %. Además, el informe detalla que 10 de las víctimas de feminicidio fueron niñas y adolescentes. “Estas cifras son alarmantes si se considera que el Perú registra un aumento sostenido en los últimos tres años, con más de 450 casos de feminicidio acumulados entre 2022 y 2024″, destacó la Defensoría del Pueblo.
Por otro lado, se registraron 69 tentativas de feminicidio y 35 muertes violentas que aún no han sido clasificadas como feminicidios por las autoridades fiscales o judiciales. Este incremento muestra un panorama social crítico donde las mujeres siguen siendo víctimas de agresiones letales, señaló la Defensoría. En este contexto, el organismo enfatizó la urgencia de una actuación más eficaz por parte de las instituciones gubernamentales. “Es fundamental una acción intersectorial articulada para frenar este continuo aumento de la violencia hacia las mujeres en el país”, se argumentó en el informe.
Incremento de desapariciones de mujeres: un factor alarmante
El problema no se limita al feminicidio. En su reporte titulado “¿Qué pasó con ellas?”, la Defensoría del Pueblo señaló que en el 2024 se registraron 7,097 notas de alerta sobre mujeres desaparecidas. Este número supone un incremento del 37 % con respecto al 2023. “La mayor parte de las desaparecidas corresponde a niñas y adolescentes, que representan el 65 % de los casos”, subrayó el documento.
La distribución geográfica también fue destacada en el informe. Lima, debido a su alta densidad poblacional, lidera la lista con 3.574 casos, seguida por regiones como Cusco (651), Lambayeque (540) y Arequipa (536). Un dato particularmente inquietante es que el 15% de los feminicidios reportados estaban relacionados previamente con desapariciones. La Defensoría subrayó que muchas de estas desapariciones tienen conexiones con delitos graves como la trata de personas, explotación sexual y violación.
En este contexto, la institución hizo un llamado especial al Ministerio del Interior. “La derogación del Protocolo interinstitucional de atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad debe impulsarnos a elaborar un nuevo esquema de actuación”, expresó, resaltando que una adecuada investigación de las desapariciones podría evitar que deriven en feminicidios.
Necesidad de políticas efectivas y apoyo de la comunidad
Tomando en cuenta la tendencia al alza de los feminicidios y desapariciones, la Defensoría del Pueblo instó a los gobiernos regionales y locales, así como a los medios de comunicación y la sociedad en general, a desempeñar un papel activo en la difusión de alertas por mujeres. desaparecidas. “Solo mediante la colaboración entre sectores podremos generar las herramientas necesarias para frenar esta inaceptable escalada de violencia”.
Además, reiteró la importancia de proteger y dar voz a las víctimas. En ese sentido, se recordó que existen canales de atención habilitados para denunciar desapariciones y actos de violencia. Entre ellos, destacan la Línea 114 del Ministerio del Interior, la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y la línea gratuita de la Defensoría del Pueblo (0800-15-170, o el WhatsApp 947951412).
La magnitud del problema ha comenzado a captar mayor atención mediática y social, pues el aumento de estos casos pone en evidencia graves déficits en las políticas actuales de prevención y protección. Según el análisis de la Defensoría, esta problemática constituye no solo una tragedia humana, sino también un desafío urgente para los poderes del Estado, que necesitan tomar acciones efectivas a largo plazo.
Finalmente, el llamado es claro: impulsar una mayor inversión en programas de prevención y atención, no solo para evitar nuevos casos de feminicidio, sino también para atender la crisis de desapariciones y su conexión con otros delitos graves.
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