El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, descartó impunidad frente a las investigaciones por presuntos actos de corrupción en el programa de alimentación escolar Qali Warma, administrado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Aseguró que no habrá tolerancia hacia los responsables y que enfrentarán las consecuencias legales correspondientes. El Caso involucra al exministro Julio Demartini y al vocero presidencial Fredy Hinojosa.
“Quiero expresar mi más absoluto rechazo sobre lo que ha venido ocurriendo allí, cuando no, mi indignación. Yo estoy seguro de que estas investigaciones van a llegar hasta el final. Vamos a dar con los responsables y los vamos a meter presos. Nuestros niños no tienen ninguna razón para estar recibiendo eso, que ni siquiera se puede calificar de alimento”, afirmó.
En ese sentido, ratificó la colaboración por parte del Ejecutivo y descartó la protección de investigados, entre los que se incluyen personas cercanas a la presidenta Dina Boluarte. “Vamos a contribuir caiga quien caiga. Aquí nosotros no vamos a escatimar en proteger a nadie. Los responsables tendrán que irse presos porque lo que se ha hecho con nosotros es un crimen”, complementó.

El caso que ha generado indignación por la distribución de conservas elaboradas con carne de caballo no aptas para el consumo humano, ha tomado un giro significativo luego de que la Fiscalía incluyera en la investigación al extitular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, al que pertenecía el programa, y al jefe del gabinete técnico de la presidenta de la República, quien anteriormente se desempeñó como director de Qali Warma.
Mientras Demartini es sindicado del presunto delito de obstrucción a la justicia, Hinojosa afronta los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y cohecho pasivo propio, todos en agravio del Estado peruano. En ese marco, se solicitaron allanamientos y levantamientos del secreto bancario y de las comunicaciones.
Al respecto, ambos han negado su participación. El exministro ratificó su inocencia y apertura a colaborar con las investigaciones durante distintas entrevistas. Incluso, el premier confirmó que previo a su salida de la cartera conversó con él y la mandataria, y que el exfuncionario insistió en desvinculación de los actos con los que se le denuncia. Por su parte, el portavoz ofreció una conferencia de prensa para defenderse, a través de los canales oficiales de la Presidencia de la República, desde donde mencionó que no permitirá ser utilizado como un “chivo expiatorio”.
“No permitiré que se me utilice como chivo expiatorio para desviar la atención de los verdaderos responsables, ya que esa denuncia ha sido formulada el año 2024 en relación a hechos que se iniciaron el año 2023. Mi persona ha desempeñado el cargo en ese programa hasta el año 2022, después de haber cesado en el cargo me sucedieron más de ocho directores ejecutivos y antes de que asumiera el cargo me precedieron otros tantos”, expresó.

Según consideró, su inclusión en el caso estaría relacionada con su actual rol como jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República y su labor como vocero oficial. “Al único que se le incorpora en esa investigación es a mi persona. ¿Saben por qué? Se los voy a decir. Por ejercer el cargo de jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República y por haber realizado actividades comunicacionales denominadas vocería”, declaró.
Recalcó que, durante su administración al frente de Qali Warma, el programa no tuvo contratos con el programa. “Frigoinca, durante mi gestión, no firmó, no suscribió ningún contrato con Qali Warma”, sostuvo. Además, explicó que los proveedores de este programa adquirían productos en el mercado mediante contratos entre privados, sin intervención del Estado.
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