Jueza ordena protección para Azul Rojas Marín, activista trans amenazada tras tortura de tres policías

Aunque la agresión ocurrió hace 16 años, el 9 de mayo recibió mensajes amenazantes en su móvil. La defensa solicitó activar medidas legales para garantizar su seguridad, ya que estudia derecho en Trujillo.

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El Poder Judicial ha ordenado medidas de protección para la activista trans Azul Rojas Marín, quien sobrevivió a la tortura de tres policías en 2008 en el norte de Perú, un caso emblemático que involucró a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y a diversas organizaciones de derechos humanos.

Aunque la agresión física y sexual ocurrió hace 16 años, el pasado 9 de mayo recibió mensajes amenazantes en su teléfono móvil. Según la resolución judicial a la que accedió Infobae Perú, el texto decía: “[...] ¿qué es de tu entrañable vida? Te hemos extrañado, ¿cómo que no te acuerdas? Nos destruiste nuestras vidas, ahora nos toca a nosotros. Ya sabemos dónde vives y también si te comunicas con alguien. Ahora sé dónde vives, dónde estás, por dónde sales”.

La defensa de la activista solicitó al despacho fiscal activar medidas legales para garantizar su seguridad e integridad, especialmente porque actualmente estudia derecho de forma presencial en Trujillo, y consideró crucial implementar medidas de resguardo policial y otras acciones complementarias.

Además, subrayó la importancia de que el personal encargado de su protección no tenga vínculos con Dino Horacio Ponce Pardo, Luis Miguel Quispe Cáceres y Juan Isaac León Mostacero, los policías procesados por tortura, dado el nivel de corrupción y criminalidad en la ciudad.

Azul Rojas Marín, la mujer trans que fue torturada por efectivos policiales en Perú por su orientación sexual. | Foto: PromSex
Azul Rojas Marín, la mujer trans que fue torturada por efectivos policiales en Perú por su orientación sexual. | Foto: PromSex

La titular del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional acogió el petitorio y dispuso un resguardo las 24 horas del día. Prohibió a los investigados cualquier acto de violencia, comunicación o represalia contra la agraviada, su entorno familiar y amistoso, así como cualquier acto perturbador en lugares públicos y privados.

En caso de incumplimiento, serán denunciados penalmente por desobediencia y resistencia a la autoridad. Promsex, la organización que llevó adelante la causa ante la Corte IDH, ha solicitado a la PNP la ejecución inmediata de la medida del fallo. “La vida y salud de Azul se encuentra en grave riesgo debido a las amenazas en su contra”, señaló en un pronunciamiento de X, antes Twitter.

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