El último sábado 25 de enero, la madre del reconocido youtuber Víctor Caballero, conocido por su canal ‘Diario de Curwen’, fue atropellada por una motocicleta en el distrito de La Perla, Callao. La víctima, de 76 años, sufrió heridas de gravedad tras el fuerte impacto y permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica San Gabriel.
Según el comunicado del Estudio Arbizu & Gamarra, que representa a la familia Caballero, el accidente ocurrió cuando la motocicleta impactó a la madre del youtuber mientras transitaba por una vía de La Perla. La gravedad de las lesiones obligó a trasladarla de inmediato a la Clínica San Gabriel, donde permanece bajo atención médica especializada.
El conductor del vehículo asumió la responsabilidad por el accidente y, de acuerdo con lo expresado por el abogado Jener Cáriga en el comunicado, ha estado colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos. Sin embargo, debido a que el caso ha sido clasificado como “lesiones culposas” bajo el artículo 124 del Código Penal —un delito causado por negligencia y sin intención de dañar—, la normativa vigente no permite que se le imponga prisión preventiva al responsable.
Cobertura limitada e investigación
La atención médica de la víctima ha sido cubierta inicialmente por el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), el cual tiene un límite máximo de cobertura de S/24 mil. Según el comunicado del Estudio Arbizu & Gamarra, ese monto fue agotado el domingo pasado debido a los elevados costos diarios de la hospitalización en UCI.
Actualmente, la familia Caballero está asumiendo de manera directa los costos médicos, que incluyen intervenciones quirúrgicas, tratamientos especializados y cuidados intensivos lo que habría puesto a la familia en una desición económica delicada.
El caso se encuentra bajo investigación de la fiscalía, que ha establecido un plazo de 60 días para esclarecer los hechos. Como parte de este proceso, ayer lunes 27 de enero se realizó una reconstrucción del accidente en la que participaron peritos, testigos y las autoridades correspondientes. Además, se revisarán las cámaras de seguridad del área y se recopilará el historial clínico de la víctima para analizar las circunstancias exactas del atropello y determinar la responsabilidad del conductor.
Vacíos en la legislación
El caso ha puesto de relieve lo que el Estudio Arbizu & Gamarra considera un vacío en la legislación actual sobre accidentes de tránsito. A pesar de la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima, el hecho de que el delito sea considerado culposo impide aplicar medidas como la prisión preventiva, lo que, según el abogado Jener Cáriga, deja a las familias de las víctimas en una situación de desprotección y sin garantías de justicia inmediata.
“Este caso pone en evidencia una falla estructural en la legislación: los accidentes de tránsito con lesiones graves no tienen medidas de detención que garanticen una sanción efectiva y proporcional al daño causado. Mientras tanto, las familias de las víctimas quedan desprotegidas frente a esta situación”, se lee en el comunicado.
Según el Estudio Arbizu & Gamarra, las tarifas diarias de hospitalización en la UCI son muy elevadas, y el tratamiento especializado para garantizar la recuperación de la víctima continúa sumando costos, lo que coloca a la familia Cabellero en una posición económica delicada.
Líneas de emergencia PNP
Con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana, el Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial que estará disponible las 24 horas del día. Este nuevo canal permite a los ciudadanos denunciar casos de extorsión y recibir protección inmediata. Además, está interconectada con la Central de Emergencias 105, lo que facilita una respuesta rápida y coordinada ante situaciones de riesgo.
La nueva línea ofrece a los usuarios la posibilidad de aportar pruebas cruciales, como audios y videos, para respaldar sus denuncias. De esta forma, se facilita el trabajo de las autoridades y se aumenta la efectividad en la lucha contra este delito. El servicio busca ofrecer una vía más accesible y eficiente para quienes se encuentren siendo víctimas de extorsión.
Además de la Central 111, existen otros canales para denunciar estos delitos. Los ciudadanos pueden comunicarse al teléfono de emergencia 1818, o al número celular 942841978 para un contacto directo con las autoridades. También se pueden presentar denuncias en cualquier comisaría del país o en los Departamentos de Investigación Criminal (Depincri), unidades especializadas en la lucha contra la extorsión y otros delitos relacionados.
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