
En un contexto de inestabilidad política, investigaciones y gran desaprobación presidencial, la mandataria Dina Boluarte expresó su deseo de dejar un legado significativo. Durante la inauguración de un nuevo edificio del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado - Hideyo Noguchi”, Boluarte destacó que su objetivo no es solo ser reconocida por ser la primera presidenta en la historia del país, sino por su compromiso con la resolución de los problemas sociales y económicos que afectan a la nación.
“No queremos pasar a la historia por ser la primera mujer presidenta, eso ya va a estar escrito, queremos pasar a la historia y que nos recuerden como aquella primera mujer presidente que se preocupó por resolver los problemas de la nación”, expresó en la inauguración del edificio para servicios especializados en investigación, tecnologías, almacenes y archivos (SEITA) en el Instituto Nacional de Salud Mental.
El gran reto para la mandataria de ser vista como desea es que la percepción pública sobre su gestión es sumamente negativa. Una reciente encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada por La República, develó que la desaprobación a su labor se mantiene en 90 %, mientras que su aprobación se registró en 6 %, un punto porcentual más en comparación a noviembre del año pasado.
Ello, luego de ser conocida a nivel mundial como la presidenta más impopular y en medio de la investigación que se le sigue por la presunta omisión de informar al Congreso sobre el procedimiento quirúrgico previo a practicárselo, lo que habría constituido un abandono de funciones, según la tesis fiscal.

Aunque argumenta que la cirugía se practicó “durante las horas de sueño”, algunos especialistas aseguran que estaba obligada a notificar al titular del Parlamento, que en ese momento era Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), sobre todo al no tener vicepresidentes. Incluso, ponen de ejemplo la transferencia de la Presidencia de Joe Biden a Kamala Harris durante el tiempo que duró su colonoscopia. Es decir, por 85 minutos.
A ello se suman el denominado Rolexgate, que involucra acusaciones de cohecho pasivo impropio y enriquecimiento ilícito, relacionadas con la no declaración de relojes y joyas de alto valor. Otro caso que se mantiene en el foco mediático es el llamado ‘Cofre’. Las autoridades investigan el uso del vehículo presidencial y su posible conexión con la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre. Se suma la pesquisa por presuntas reuniones secretas con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, para presuntamente intercambiar beneficios.
La desactivación del equipo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) que apoyaba al Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) es objeto de otra investigación. En este caso, Boluarte y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, enfrentan acusaciones de encubrimiento personal y abuso de autoridad. La medida de desactivar este grupo ha sido interpretada por algunos sectores como un intento de obstaculizar investigaciones relacionadas con corrupción.
A ellas se suman las investigaciones por las muertes en protestas sociales, las cuales se dividen en una carpeta por homicidio calificado, junto a sus ministros, por la muerte de cinco manifestantes, y otra por lesiones graves y lesiones leves, a título de comisión por omisión, en relación con la muerte de 44 personas y 116 heridos, producto de las protestas.
Finalmente, se encuentra la carpeta relacionada a ‘Los Dinámicos del Centro’, donde la mandataria habría desempeñado un papel en la contabilidad de las cuentas del partido Perú Libre durante la campaña electoral de 2021. Las autoridades investigan el origen del financiamiento de esta campaña, que podría estar vinculado a actividades ilícitas.
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