La contaminación causada por la minería y la persecución a quienes alzan la voz en defensa del medio ambiente se han convertido en problemas críticos en regiones como Ayacucho, Pasco, Huancavelica y Junín. Estas áreas del Perú, afectadas por décadas de actividad extractiva, enfrentan una grave crisis ambiental y social. Defensores y defensoras de los derechos humanos denuncian que sus esfuerzos por proteger la tierra y la salud de las comunidades suelen ser respondidos con amenazas, hostigamiento y procesos judiciales.
En este contexto, los días 30 y 31 de enero, la ciudad de Huancayo será escenario del III Encuentro de Defensores del Centro del Perú. Este evento reunirá a activistas de diversas regiones para trazar estrategias conjuntas que permitan fortalecer su labor frente a problemáticas como la persecución, y los impactos de metales pesados y otras sustancias tóxicas en la salud humana y el medio ambiente.
La actividad es organizada por la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), la Red Muqui Perú, Cooperacción, Ruway, el Centro de Cultura Popular LABOR, CEDAP, Andes y Huñuq Mayu. Además, cuenta con el respaldo de la Asociación EntrePueblos, el Arzobispado de Huancayo, la Cooperació Valenciana, Diakonia y la Unión Europea, quienes buscan articular esfuerzos para proteger a los defensores ambientales y prevenir situaciones de riesgo.
El centro del Perú expuesto a contaminación por actividades extractivas
Entre 2021 y 2024, se han registrado al menos 33 asesinatos de defensores ambientales en el país, de los cuales 17 corresponden a líderes indígenas de la Amazonía. Aunque los casos más extremos ocurren en regiones como Loreto, San Martín y Ucayali, los riesgos para quienes defienden el medio ambiente también son alarmantes en el centro del Perú. Allí, la minería ilegal, las modificaciones inconsultas en proyectos extractivos y la falta de acceso a la justicia han intensificado el peligro para estas personas.
Activistas de la zona advierten que sus luchas por exigir consultas previas o denunciar la contaminación de ríos con metales pesados, como plomo y mercurio, suelen derivar en denuncias judiciales, encarcelamientos y actos de intimidación. Estas prácticas no solo buscan acallar sus demandas, sino que también exponen el grado de vulnerabilidad al que están sometidos quienes protegen los derechos de sus comunidades y del medio ambiente.
Según cifras del Ministerio de Salud, más de 10 millones de peruanos están expuestos a contaminación por metales pesados y otras sustancias tóxicas. Esta situación, que afecta principalmente a las zonas rurales y las comunidades indígenas, genera enfermedades crónicas y desplazamientos forzados, agravando aún más las condiciones de vida de estas poblaciones. Ante este panorama, los participantes del encuentro en Huancayo buscarán articular esfuerzos interinstitucionales para garantizar mayor protección a los defensores ambientales y combatir la impunidad en los casos de violencia y criminalización.
En el Perú, las economías ilegales son más poderosas que el gobierno
Las economías ilegales, como la minería y la tala no reguladas, han alcanzado una influencia preocupante en el Perú, superando incluso al Gobierno en términos de poder, según una encuesta realizada por Ipsos en septiembre de 2024. Este panorama refleja la fragilidad de las últimas administraciones, incluyendo las de Dina Boluarte, Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski, quienes carecieron de un respaldo político consistente en el Congreso y en otras instancias fundamentales.
Uno de los ejemplos más críticos de esta problemática es el incremento de los cultivos de coca en la Amazonía peruana, cuya producción ha crecido más de un 500%, de acuerdo con datos del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). Esta expansión ha intensificado los riesgos para los líderes indígenas, quienes enfrentan amenazas constantes por proteger sus territorios.
Asimismo, destacan los casos de defensores ambientales asesinados en regiones como Ucayali, Huánuco y Pasco, en un contexto de violencia asociada a las economías ilegales. Casos emblemáticos de esta crisis incluyen los asesinatos de Santiago Vega Chota, Yenes Ríos Bonsano y Herasmo García Grau en Aguaytía (Ucayali), mientras que el cultivo de coca registró un aumento de más del 450% entre 2018 y 2022.
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