El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, informó que se otorgará prioridad al debate del Proyecto de Ley 09085/2024-PE, presentado por el Poder Ejecutivo en octubre de 2024. Dicha iniciativa propone la tipificación del terrorismo urbano en el Código Penal, definiéndolo como los actos delictivos que generan zozobra en la población o en un sector de ella, mediante prácticas como el sicariato y la extorsión. De ser aprobado, quienes cometan estos delitos enfrentarían penas de hasta 30 años de prisión.
“El proyecto busca enfrentar con severidad las nuevas formas de delincuencia, que afectan gravemente la convivencia social y la paz familiar”, señaló Salhuana en un comunicado a través de sus redes sociales. Asimismo, instó a la Comisión de Justicia y a las bancadas parlamentarias a iniciar de manera inmediata el debate legislativo.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, saludó la decisión del Congreso y reafirmó el compromiso del Ejecutivo en esta lucha contra la delincuencia. En declaraciones realizadas en su cuenta oficial de X (Antes Twitter), Adrianzén destacó que “el llamado a la unidad frente al terror, hecho por la presidenta de la república Dina Boluarte, ha encontrado eco en los poderes del Estado”.
Además, Adrianzén garantizó la participación activa del Ejecutivo en las mesas de trabajo que se convoquen para debatir y perfeccionar la propuesta, a fin de alcanzar consensos con los diversos actores del sistema de justicia y la sociedad civil.
Penas más severas y unidades de flagrancia
Como parte de este esfuerzo integral, Salhuana detalló que se propondrá un endurecimiento significativo de las penas para una serie de delitos asociados al crimen organizado. Entre ellos, destacan la tenencia ilegal de armas, el uso de explosivos, atentados contra medios de comunicación, transporte, asaltos y robos, además del sicariato y la extorsión.
El proyecto también contempla la modificación del Código Procesal Penal para incorporar procesos sumarios que permitan la imposición de sanciones en un tiempo reducido. Esta medida busca responder con mayor celeridad a las demandas de justicia de la ciudadanía.
Por otro lado, se priorizará la discusión y aprobación del Proyecto de Ley 6305, que plantea la creación de Unidades de Flagrancia. Estas unidades procesales están diseñadas para garantizar sanciones inmediatas a los responsables de actos criminales flagrantes, agilizando de manera significativa el sistema judicial.
Otras medidas
El Congreso, en coordinación con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio de Justicia y expertos en seguridad ciudadana, convocará mesas de trabajo multisectorial. El objetivo será desarrollar estrategias conjuntas y aprobar normativas efectivas que fortalezcan la lucha contra el crimen organizado.
Asimismo, se llevarán a cabo visitas de inspección en regiones consideradas críticas, donde los índices de criminalidad son más elevados. Según las medidas propuestas, estas visitas permitirán verificar el cumplimiento de las políticas y legislaciones de seguridad implementadas.
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