En medio de un panorama marcado por la lucha contra la minería ilegal y la reciente extensión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha anunciado un giro inesperado en su estructura interna. Según informó el Diario Oficial “El Peruano”, el pasado 19 de enero de 2025, se oficializó la designación de Máximo Rodolfo Gallo Quintana como nuevo Director General de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM), un puesto considerado de confianza dentro del organismo. Este nombramiento se realizó mediante la Resolución Ministerial N° 017-2025-MINEM/DM, firmada por el ministro Jorge Luis Montero Cornejo.
El cambio en la dirección ocurre tras la salida de Mayra Figueroa, quien ocupaba el cargo anteriormente. Aunque Figueroa ha sido relevada de sus funciones como directora, se mantiene dentro del Minem en otro rol no especificado. Este movimiento se produce en un momento en el que el proceso de formalización minera enfrenta críticas y desafíos a contrarreloj, tanto desde el ámbito gubernamental como desde el sector privado.
Máximo Rodolfo Gallo Quintana no es nuevo en el Minem. Ya ocupó el titularato de la DGFM entre 2017 y 2018, así como la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública. En el año de su ingreso, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo 1293, que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal.
De acuerdo a información pública del Minem, en su primer año de gestión al frente de la DGFM se inscribieron 11.629 mineros, y se formalizaron a unos 5.504 de la bolsa total con que ya se contaba. Es el mejor registro de formalización desde la creación del sistema REINFO.
Extensión del REINFO y la búsqueda de una solución definitiva
El proceso de formalización minera en el Perú ha sido objeto de debate constante en los últimos años. En diciembre de 2024, se promulgó la Ley N° 32213, que extendió por seis meses más, hasta junio de 2025, la validez de los registros en el REINFO, con la posibilidad excepcional de una nueva prórroga hasta diciembre de 2025. Esta medida busca dar más tiempo a los pequeños mineros y mineros artesanales para regularizar su situación, pero también ha generado cuestionamientos sobre la efectividad del sistema actual.
En este contexto, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, anunció que en un plazo de cinco meses se presentará una nueva propuesta legislativa conocida como la Ley MAPE (Ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal). Según declaraciones recogidas por Canal N, el objetivo de esta iniciativa es evitar futuras extensiones del REINFO y establecer un marco normativo más sólido y definitivo. Castro enfatizó la necesidad de sincerar el proceso y crear mecanismos adecuados para garantizar su eficacia. “La meta es que antes de los seis meses tengamos la propuesta lista para iniciar la discusión y aprobarla”, afirmó.
Críticas al REINFO y el impacto de la minería ilegal
El REINFO ha sido objeto de críticas por parte de diversos actores del sector minero. Durante la Semana de la Ingeniería de Minas 2025, organizada por el Colegio de Ingenieros del Perú, el vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Zetti Gavelán, expresó su preocupación por los efectos negativos de la minería ilegal en el país. Gavelán destacó que esta actividad ilícita ha fomentado la criminalidad y ha representado uno de los mayores desafíos para la industria minera en el último año.
En su intervención, Gavelán condenó los recientes ataques perpetrados contra empresas mineras, como el atentado sufrido por Minera Poderosa el pasado 12 de enero. Además, hizo un llamado a las autoridades para actuar con celeridad y justicia, priorizando el bienestar de la población afectada por estas actividades ilegales. Según el vicepresidente del IIMP, el proceso actual de formalización ha sido permisivo con el auge de la ilegalidad, lo que ha generado un entorno de inseguridad y desconfianza.
Gavelán también subrayó la necesidad de eliminar el REINFO del marco legal y de garantizar que la formalización minera sea fiscalizada directamente por el gobierno central. “Ninguna norma debe hacerse en beneficio de un determinado grupo. Necesitamos una ley que sea equitativa para todos”, afirmó. Asimismo, destacó la participación del IIMP en la mesa de trabajo de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, donde se busca contribuir a la elaboración de la Ley MAPE.
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