La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha encontrado que el partido Renovación Popular, presidido por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, no hizo un uso adecuado de los fondos públicos recibidos durante el primer semestre de 2024 por tener representación en el Congreso.
Según un informe de la entidad, recogido este lunes por Perú21, uno de los casos más controvertidos es el pago de S/4,000 a Alex Joel Wharton Muñoz por un servicio de “administrador de redes sociales”. El partido justificó este gasto con un documento titulado “Análisis TikTok de Rafael López Aliaga”, en el que se proponían estrategias para aumentar los seguidores en la cuenta personal del alcalde.
La ONPE concluyó que este tipo de gasto no está permitido con los fondos del tesoro público, ya que está relacionado con la promoción personal de la autoridad, no con las actividades del partido. De acuerdo con el informe citado por el diario, “en dicho documento se brindan propuestas para tener más seguidores en TikTok, como el de promocionar obras relacionadas con la Municipalidad de Lima”.
La entidad electoral también cuestionó un desembolso de S/28,000 destinados al abogado Ander Yosip Galván Rivera por “servicios de asesoría y patrocinio legal” en una investigación que enfrenta el partido por cargos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. El abogado especialista en temas electorales, José Naupari, explicó a Perú21 que “el financiamiento público directo está pensado en gastos de funcionamiento ordinario, y una defensa legal no lo es”.
Siempre según el diario, la ONPE detectó otros pagos no relacionados con los fines establecidos, como la compra de sánguches en las cadenas de restaurantes La Lucha y Bembos, los mismos que fueron calificados como inapropiados para el uso del dinero público.
López Aliaga no se ha pronunciado hasta el momento. Ante estos hallazgos, la entidad indicó que Renovación Popular habría incurrido en una “presunta infracción a la Ley de Organizaciones Políticas”, lo que podría dar lugar a un procedimiento administrativo sancionador.
Por su parte, el congresista Alejandro Muñante, vocero alterno y miembro de la bancada celeste, declaró al diario que no está a cargo de la administración de los recursos del partido, pero aseguró que “todo ha sido público, no hay nada escondido”. Asimismo, reconoció que son “observaciones que el mismo partido tendrá que levantar”.
El Financiamiento Público Directo, destinado a partidos políticos y alianzas con representación en el Congreso, se utiliza para actividades como formación, capacitación, investigación y funcionamiento ordinario. El Estado asigna el 0.1% de la Unidad Impositiva Tributaria por cada voto emitido en las elecciones al Congreso. La distribución de estos fondos se realiza anualmente, con el 40% dividido igualmente entre todos los partidos con representación, y el 60% según los votos obtenidos.
Similar situación de Fuerza Popular
Anteriormente, la ONPE encontró que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, utilizó fondos públicos para financiar su viaje a Estados Unidos entre el 28 y 31 de mayo de 2024. El gasto de S/27,921.53 fue registrado como parte de actividades de capacitación, pero no cumplió con los requisitos, ya que el viaje consistió en visitas protocolares y reuniones, no en capacitación técnica para la participación política.
Ese a EE.UU. produjo entonces que el fiscal José Domingo Pérez, exintegrante del equipo especial Lava Jato, solicitara al Poder Judicial la revocación de la comparecencia con restricciones y la imposición de prisión preventiva en su contra, al acusarla de incumplir reglas de conducta, como la prohibición de ausentarse de la ciudad de su domicilio sin previa autorización por escrito del juzgado.
Este proceso se enmarca en el caso “Cócteles”, donde Fujimori está imputada por presunto lavado de activos y recepción de aportes ilícitos en sus campañas electorales de 2011 y 2016.
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