La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por la parlamentaria de Alianza Para el Progreso, María Acuña, tiene en su agenda de este martes votar el informe que propone la inhabilitación contra el expresidente Martín Vizcarra y sus exministros, Salvador del Solar y Vicente Zeballos, por el cierre del Congreso del 2019.
El informe fue elaborado por el congresista Héctor Ventura, representante de la bancada de Fuerza Popular, quien actúa como delegado en el marco del proceso de acusación constitucional. El fujimorista plantea una sanción de 10 años de inhabilitación contra Vizcarra, mientras que contra Salvador del Solar y Vicente Zeballos pide 5 años.
Hay dos escenarios, la Subcomisión puede aprobar o archivar el informe de Héctor Ventura. Si es que la acusación contra Vizcarra y sus exministros es aprobada, este informe se eleva a la Comisión Permanente, que designa un delegado para que sea sustentado en el pleno del Congreso.
¿Cuántos votos se necesitan para inhabilitarlos?
De acuerdo con el artículo 157 de la Constitución Política del Perú se necesita el voto de dos tercios del número legal de parlamentarios para aprobar un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales; cifra que también se exige para otras decisiones importantes, como la vacancia de un presidente, la elección de magistrados del Tribunal Constitucional y la designación del defensor del pueblo.
Cabe precisar, sin embargo, que, de acuerdo con el artículo 89 del Reglamento del Congreso, no podrán participar en la votación en el pleno los 30 congresistas que conforman la Comisión Permanente, por lo que el porcentaje señalado deberá obtenerse de los 100 parlamentarios restantes.
Es decir, se requiere un total de 66 votos para aprobar la sanción de destitución e inhabilitación por diez años propuesta para Martín Vizcarra.
Prescripción del plazo
Era previsible que el congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, finalizaría su informe acusando a los tres exaltos funcionarios. Sin embargo, en el caso de Salvador del Solar, surgió una controversia debido a que este solicitó el archivamiento de la denuncia constitucional en su contra, argumentando que el plazo legal ya había vencido.
Del Solar dejó su cargo como ministro el 30 de septiembre de 2019, el mismo día en que Martín Vizcarra disolvió el Congreso. Según el marco legal, el plazo para presentar una acusación en su contra expiró cinco años después, es decir, el 30 de septiembre de 2024.
No obstante, el informe de Ventura plantea una interpretación que excluye el periodo en que el Congreso estuvo disuelto, del 1 de octubre de 2019 al 16 de marzo de 2020, sosteniendo que esos meses no deben contabilizarse en el plazo de cinco años. Con este razonamiento, la fecha límite para acusar a Del Solar se extendería hasta el 16 de marzo de 2025, coincidiendo con el inicio de las funciones del Congreso 2020-2021.
Golpe de estado
Durante su participación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Martín Vizcarra defendió su decisión de cerrar el Congreso. El expresidente indicó que este procedimiento se dio en el marco de la ley y que fue avalado por una sentencia del Tribunal Constitucional en ese entonces.
Cuando los parlamentarios acusadores, en su mayoría, de Fuerza Popular, le increparon que su decisión fue un golpe de Estado, Vizcarra contestó de forma contundente.
“Me ha dicho golpista. Golpe de Estado fue el que se realizó el 5 de abril de 1992. Golpe de Estado fue el que se intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público, el que intervino la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y se tomaron presos a los políticos que se opusieron y callaron a la prensa. Eso es golpe de Estado. Con tanques en las calles, el 30 de setiembre del año 2019 yo disolví constitucionalmente el Congreso y disolví, señora presidenta en función de respeto de la Constitución, que está amparado por la ley y que ha sido validado por el Tribunal Constitucional y en cuatro meses estuvo nuevamente la elección de los nuevos congresistas”, respondió
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