El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció la creación de una comisión ad hoc como una de las medidas para investigar la presunta red de prostitución que habría operado desde la Oficina Legal de la institución y para sancionar a los responsables. Esta acción fue tomada tras la denuncia que surgió a raíz de la muerte de Andrea Vidal.
Sin embargo, durante una sesión de la Comisión de Fiscalización, el congresista Juan Burgos informó, con sorpresa, que las tres integrantes de dicha comisión habían presentado su renuncia. Este hecho dejó las investigaciones sobre el presunto entramado de explotación sexual en el Parlamento en punto muerto.
Las funcionarias que presentaron su renuncia son Natalia Escudero Rodríguez, de la Dirección General Parlamentaria; Flor de María Tello, de la Oficialía Mayor; y Patricia Durán Vásquez, especialista parlamentaria del Departamento de Comisiones, quien incluso optó por tomar vacaciones.
A casi un mes de haberse destapado el caso, no se ha sancionado a ningún funcionario involucrado y conforme pasan los días, salen más revelaciones, que demostrarían poca transparencia al momento de nombrar a funcionarios en los altos cargos de la institución.
Argumentos
Las integrantes de la comisión ad hoc presentaron su renuncia argumentando serias deficiencias en el proceso administrativo disciplinario iniciado contra el exfuncionario parlamentario Jorge Torres Saravia. En su carta, señalaron que no podían continuar con las investigaciones debido a la falta de una descripción clara y precisa de las conductas imputadas. Además, denunciaron que la acusación se fundamenta únicamente en un reportaje periodístico y que no es de su competencia evaluar el caso bajo esas condiciones.
El problema se agrava por la falta de cooperación de las áreas responsables. Según la carta de renuncia, tanto la Oficina de Recursos Humanos como la Oficina Legal no proporcionaron la información necesaria para sustentar el proceso. En el caso de la Oficina Legal, área que estuvo bajo la dirección de Torres Saravia, se argumentó que no podía entregar los documentos solicitados debido a que el exfuncionario ya no trabaja en la institución. Sin embargo, Patricia Durán, una de las integrantes de la comisión, aclaró para La República que sí es posible llevar a cabo una investigación administrativa para evitar que Torres Saravia vuelva a ocupar un cargo en el Congreso.
Por otro lado, la Oficina de Recursos Humanos, liderada por Haidy Figueroa, extesorera de Alianza para el Progreso, tampoco cumplió con entregar la documentación requerida y proporcionó información descrita como “poco clara” en el informe presentado por la comisión.
En su evaluación, la comisión concluyó que el proceso disciplinario carece de sustento administrativo sólido y no cuenta con una indagación preliminar formal. Asimismo, destacaron que las conductas imputadas no están claramente descritas ni calificadas como faltas, salvo aquellas vinculadas con posibles delitos que, de corroborarse, podrían ameritar sanciones.
En resumen, las integrantes de la comisión se vieron obligadas a renunciar debido a las irregularidades y falta de colaboración institucional, las cuales imposibilitan continuar con el proceso disciplinario en condiciones adecuadas.
Denuncian blindaje
Los integrantes de la Comisión de Fiscalización denunciaron que la renuncia de los integrantes de la comisión ad hoc es parte de una estrategia para que no se continúe con el tema. Asimismo, consideran que los funcionarios citados no responden con claridad las preguntas que ayudarían a esclarecer el caso.
Por ejemplo, hasta el momento, nadie ha sabido explicar con claridad cómo es que Jorge Torres Saravia llegó a ser jefe de la Oficina Legal y como es que las ex trabajadoras implicadas en la presunta red de prostitución: Andrea Vidal, Isabel Cajo y Alexandra Gil, fueron contratadas.
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