Mininter pagará el abogado del prófugo al que busca: Juan José Santiváñez lo defendió en el caso ‘Escuadrón de la muerte’

La gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se enfrenta a una irónica encrucijada: cumplir con su compromiso “con el bienestar de la familia policial” y al mismo tiempo “perseguir” a los policías que cometen actos criminales y que fueron sentenciados por el Poder Judicial.

Es el caso del ex comandante de la Policía Nacional del Perú, Raúl Enrique Prado Ravines, quien en los últimos días del año 2024 recibió un ‘regalo de Navidad’ de parte del Ministerio del Interior. El 18 de diciembre el Mininter firmó un contrato de S/ 50 mil para pagar un abogado que lo defienda en el ámbito judicial, pese a que ya fue sentenciado a 35 años de prisión por el Poder Judicial por haber sido parte de un ‘escuadrón de la muerte’ en el año 2022

No solo eso. Prado Ravines actualmente está desaparecido y tiene una requisitoria por homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir. Esto fue suficiente para que aparezca en el sistema del Ministerio del Interior con una recompensa de S/ 100 mil por ofrecer información que lleve a su ubicación y captura.

Es así como el excomandante PNP es buscado y beneficiado por el Ministerio del Interior presidido por Juan José Santiváñez, quien hace unos años fue su abogado defensor en el ámbito administrativo en el caso del escuadrón de la muerte. El vínculo entre ambos se mantuvo hasta el año 2023, según indicó un informe de Cuarto Poder publicado en julio del 2024 y, en ese tiempo, ambos habrían solicitado al Mininter una compensación de medio millón de soles.

Más de S/ 2 millones en abogados para el escuadrón de la muerte

El caso de Prado Ravines no es único. De hecho, Infobae Perú pudo identificar que 35 agentes de la Policía Nacional del Perú que serían integrantes del escuadrón de la muerte en 2022 fueron beneficiados por el Ministerio del Interior con el pago de su defensa legal.

Del total, 34 recibieron esta cobertura durante la gestión del ministro Santiváñez y todas las contrataciones fueron realizadas en un mes, entre el 27 de noviembre del 2024 y el 27 de diciembre de ese año. Las adjudicaciones de los contratos también tienen un detalle particular: estas fueron repartidas entre el abogado Edwin Joel Bustamante Montalvo (6 contratos) y el estudio Abanto, Verástegui, Arce Abogados (28 contratos).

Con respecto a los montos, los 34 contratos varían en cantidades entre los S/ 50 mil y S/ 60 mil que, junto al contrato por S/ 300 mil soles, adjudicado al abogado Pedro Anibal Huamán de la Cruz —actual defensor del teniente General PNP Vicente Marcelo Álvarez Moreno—, suman un total de S/ 2′065.000 del presupuesto del Mininter destinados únicamente a integrantes del escuadrón de la muerte.

Además, debido a la cantidad de contratos, el estudio Abanto, Verástegui, Arce Abogados, vinculado al abogado Humberto Abanto, es el más beneficiado económicamente con estas adjudicaciones directas, pues la suma de sus adjudicaciones genera un total de S/ 1,7 millones.

Los abogados del Mininter: Récord en contratos de representantes legales

Infobae Perú ya había informado sobre la contratación de abogados contratados por el Ministerio del Interior durante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y pudo confirmar que la administración de la mandataria representó un incremento histórico en este tipo de adjudicaciones.

Solo hasta septiembre del 2024 ya se había contratado abogados para el Mininter por S/ 1,4 millones, pero los movimientos recientes en la gestión de Juan José Santiváñez elevaron aún más la cifra global hasta los S/ 3,3 millones, lo que implica que el presupuesto para estas adjudicaciones se incrementó a más del doble en menos de tres meses durante el año 2024.

¿Cómo se contratan los abogados en el Ministerio del Interior?

Infobae Perú conversó con uno de los abogados contratados por el Mininter durante el año 2022, Victor Mario Amoretti Pachas, quien se adjudicó un contrato por 19.750 soles para defender al ex titular de la cartera, Víctor Rojas Herrera, por una denuncia penal por genocidio.

Durante la entrevista exclusiva, Amoretti indicó que fue contactado personalmente por el exministro Rojas en el año 2023 para asumir su defensa legal en su proceso debido a que previamente, en el año 2021, hizo lo mismo con el también ex ministro del Interior, Gastón Rodríguez.

“Cuando el ministro Víctor Rojas es denunciado, él conversa con el exministro Gastón Rodríguez y me recomienda para que yo asuma (el caso de genocidio) (...) Me dijo: ‘Soy amigo del general. Es mi amigo y me ha recomendado para que asuma mi defensa’. Conversamos y le dije que la denuncia de genocidio no tenía sustento. Luego conseguimos las copias, me nombró como su abogado y se firmó el contrato”, afirmó Amoretti a Infobae Perú.

En todos los casos de los abogados contratados por el Ministerio del Interior hay un detalle que se debe considerar: que todas fueron bajo la modalidad de contratación directa. Es decir, que la publicación de las bases, la postulación del abogado, y la adjudicación de la buena pro, ocurre el mismo día o en fechas cercanas.

En ocasiones, este tipo de adjudicaciones se producen por invitación, lo que implica que se llama a un proveedor específico para que envíe su postulación al proceso, que culmina con su contratación. Esto también puede significar que el propio beneficiado elige a qué abogado desea que se contrate.

Actualmente, el Ministerio del Interior tiene dos procesos de contratación en vigencia: el primero beneficia al ex ministro del Interior, Walter Ortiz, investigado por la Fiscalía por presuntamente haber cometido el delito de encubrimiento al haber firmado la resolución que intentó desactivar el grupo policial que apoya a los fiscales anticorrupción horas antes del arresto de Nicanor Boluarte por el caso ‘Waykis en la sombra’.

Además, el Mininter también está en la búsqueda de un abogado para Jorge Luis Ortiz Marreros, otro de los presuntos integrantes de la organización criminal ‘Waykis en la sombra’ y quien fue el máximo jefe de los prefectos a nivel nacional; cargos públicos que, según la Fiscalía, eran utilizados por el hermano de la presidenta como un botín político para la inscripción del ‘Partido Ciudadanos por el Perú’.

A día de hoy, Ortíz Marreros sigue en la clandestinidad luego de haber recibido una orden de prisión preventiva en su contra por un plazo de 36 meses.