“No tiene nada que ver”. Así respondió Luis Valdez, secretario general de Alianza para el Progreso (APP), al defender enfáticamente a su partido y descartar cualquier vínculo de la organización política con la presunta red de prostitución que habría operado dentro del Congreso de la República.
Sin embargo, tras el estallido del escándalo, los esfuerzos del partido liderado por César Acuña para evitar quedar involucrado no han dado resultados. La situación se complicó especialmente luego de que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, acusara a la Mesa Directiva de “proteger” al principal sospechoso, Jorge Torres Saravia.
El malestar hacia la gestión de Eduardo Salhuana, actual titular de la Mesa Directiva, ha ido en aumento. Esto se debe, en parte, a que a casi un mes del asesinato de Andrea Vidal, las investigaciones no muestran avances significativos para identificar a los responsables.
Además, la situación se agravó con el reciente viaje de Salhuana a China para participar en un encuentro con la Asamblea Popular Nacional, lo que fue interpretado como una “lavada de manos” en medio de la crisis.
Antes de partir, Salhuana realizó un cambio en la jefatura de la Oficina Legal y Constitucional y aseguró que acortaría su agenda para adelantar su regreso a Perú.
No obstante, las críticas hacia su gestión no han cesado, y las voces que exigen su censura se hacen cada vez más fuertes.
Divisiones
La dirigencia de Alianza Para el Progreso en el Congreso de la República se tambalea e inician los desacuerdos en la bancada.
Alejandro Soto, su predecesor en la Mesa Directiva y vocero de su partido, lo criticó por continuar con su viaje y no darle prioridad a atender la denuncia contra el Poder Legislativo.
“No me parece correcto ni justo que el señor se dedique a atender otras invitaciones. Por ejemplo, cuando yo era presidente, recibí invitaciones con todo pagado, pero jamás las acepté. Considero que, en casos como este, la atención que debe darle al Congreso es prioritaria. Él, como presidente, tiene que estar al frente de toda la problemática que se enfrenta actualmente”, declaró en entrevista a La República.
Soto recordó que se convocó a la Comisión Permanente el próximo 7 de enero, pero Salhuana no presidirá la sesión. “No está otorgando la atención y la seriedad que el Congreso merece”, añadió.
Pero los problemas no se quedaron en los pasillos del Palacio Legislativo, toda la polémica está haciendo que el partido se resquebraje.
Francis Allison, actual alcalde de Magdalena, quien llegó al cargo bajo la bandera de Alianza Para el Progreso en las elecciones municipales de 2022, renunció a la organización política. Asimismo, David Morales Cárdenas, candidato a la alcaldía de Villa María del Triunfo en el mismo proceso electoral, también comunicó su decisión de dimitir de manera irrevocable.
Allanamientos en el Congreso
El viaje de Eduardo Salhuana ocurre en un contexto marcado por las diligencias del Ministerio Público en la sede del Congreso de la República. El último jueves, personal de esta institución, en conjunto con agentes de la Dirección contra la Trata de Personas, incautaron material perteneciente a la Oficina de Previsión y Seguridad del Parlamento.
Este operativo está relacionado con la investigación preliminar que involucra a Jorge Torres Saravia, acusado del presunto delito de explotación sexual.
El viernes, un escenario similar se repitió. Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), vestidos con chalecos de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), ingresaron al Palacio Legislativo, donde permanecieron por aproximadamente 20 minutos.
Posteriormente, el Ministerio Público precisó que se trató de una diligencia para la constatación, exhibición, verificación y recojo de documentos en distintas áreas del Congreso, como Administración, Recursos Humanos, Tecnologías de la Información y Tesorería.
Este operativo forma parte de una investigación que apunta a una trabajadora de Seguros del Servicio Parlamentario, quien está siendo acusada de presunto delito de peculado por haber realizado descuentos indebidos en concepto de seguros a servidores del Legislativo.
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