A dos semanas de tener la ley que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia, el Ejecutivo continúa sin pronunciarse sobre su promulgación u observación. El titular del Ministerio de Justicia, Eduardo Arana, se mostró cauto al mencionar que continúan dentro del plazo, el cual es de 15 días.
“La lucha contra la criminalidad es una tarea de todos y en ese sentido hemos recibido una serie de normas como usted menciona que ya han sido y son objeto de análisis. El propio premier ha mencionado que están dentro del plazo y pronto tendrán el resultado de la opinión del Ejecutivo sobre esta autógrafa”, mencionó ante los medios de comunicación.
Un hecho que generó suspicacias y dio ciertos matices sobre la posición que barajan desde el gobierno de Dina Boluarte es el haber destacado que las normas deben implementarse para proteger a la ciudadanía, pero que “algunas exceden sus propósitos y se usan con fines ajenos a la lucha contra la criminalidad”. Como se recuerda, distintas voces indicaron que la demora en la promulgación coincide con la solicitud de detención preliminar contra el vocero presidencial, Fredy Hinojosa.

Hinojosa, quien encabezó el desaparecido programa Qali Warma cuando la presidenta Dina Boluarte era ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), enfrenta cargos por organización criminal, colusión, cohecho y otros delitos. Es en ese contexto que se pidió la restricción de su libertad por un periodo de 10 días y el allanamiento de las viviendas de otras 14 personas relacionadas con este caso. No obstante, la detención fue negada por la modificación inicial formulada desde el Congreso de la República.
Dicha medida no solo ha beneficiado al círculo cercano de la mandataria, también lo hizo con la presunta organización criminal conocida como ‘Las Hienas Verdes’, quienes fueron liberados luego de que la primera norma fuera promulgada.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se pronunció sobre el tema, instando al Ejecutivo a actuar con celeridad. En entrevista con RPP, subrayó que, aunque el Ejecutivo tiene un plazo de 15 días para observar o promulgar una norma, la urgencia de este caso amerita una acción inmediata. “Evidentemente, ante la premura, ante la urgencia y lo evidente del error en el cual se ha incurrido, yo creo que el Ejecutivo tiene que promulgarlo de manera inmediata”, mencionó
Por su parte, la legisladora Ruth Luque remitió un oficio al Ejecutivo solicitando la publicación inmediata de la medida. “Causa extrañeza que a la fecha no se haya cumplido con promulgar la autógrafa. […] Se hace necesario que el gobierno no demore más”, expuso.

La Ley 9733 fue aprobada en una sesión realizada durante la madrugada del último día de la legislatura, a fin de corregir un vacío legal que había eliminado la posibilidad de detención preliminar en casos donde no se evidenciara flagrancia, lo que complicaba el accionar de las autoridades en investigaciones de alta complejidad.
La figura de la detención preliminar es considerada una herramienta clave para las investigaciones fiscales, especialmente en casos de corrupción, crimen organizado y otros delitos complejos. Su ausencia ha generado preocupación en diversos sectores, ya que limita la capacidad de las autoridades para actuar de manera oportuna frente a situaciones que requieren intervención inmediata.
“No queremos precipitarnos”
Consultado por el tema, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, indicó que la demora se debe a un interés por no “precipitarse”, analizar la medida y tomar la correcta.
“Se trata de un tema absolutamente delicado y lo que no queremos desde el Ejecutivo es precipitarnos a tomar una decisión que eventualmente no sea la más correcta. Vamos a hacer las consultas a nivel de los sectores concernidos y, si es necesario, ampliaremos el nivel de consultas”, mencionó.
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