Fredy Hinojosa no fue detenido por ley que prohíbe la detención preliminar promulgada por Dina Boluarte

Freddy Hinojosa, vocero de la presidenta Dina Boluarte y exdirector del programa Qali Warma, logró eludir este martes una detención relacionada con una red de corrupción vinculada al programa alimentario, debido a que el Gobierno aún no ha promulgado la revocatoria de la ley que prohíbe la detención preliminar en casos de no flagrancia. Aunque el Ministerio Público solicitó la medida cautelar por 10 días contra el jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia, el Poder Judicial solo autorizó el allanamiento de su vivienda.

Hinojosa, quien encabezó la iniciativa social cuando la presidenta Dina Boluarte era ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), enfrenta cargos por organización criminal, colusión, cohecho y otros delitos. En paralelo, se dispuso el allanamiento de las viviendas de otras 14 personas relacionadas con este caso, aunque también se les denegó la detención.

La situación se enmarca en la controversia generada por la promulgación de la Ley 32181 por parte del Ejecutivo la semana pasada. Esta norma, impulsada desde el Congreso y refrendada por Boluarte, tenía como objetivo principal prohibir la detención preliminar de policías en casos de lesiones o muertes ocurridas en cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, incluyó una disposición final que eliminó la detención preliminar sin flagrancia en todos los casos.

En respuesta a las críticas que suscitó esta medida, el Parlamento aprobó la restitución de la detención sin flagrancia con 79 votos a favor. Ahora, el juez podrá ordenar la medida si existen elementos razonables para suponer que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años, o si se presentan indicios de fuga u obstaculización de la investigación. No obstante, esta autógrafa aún no ha sido firmada por la mandataria, lo que retrasa su entrada en vigor.

En diálogo con RPP, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, precisó que la autógrafa correctiva llegó este lunes por la mañana a Palacio de Gobierno. Destacó que, aunque el Ejecutivo tiene un plazo de 15 días para promulgarla, debido a la “urgencia y el error cometido”, debería hacerlo de manera inmediata. “Debo presumir que ninguno de los 130 congresistas se dio cuenta de la disposición que eliminaba la figura de la detención preliminar. Lo central era proteger a la PNP”, añadió.

Diligencia

Desde la madrugada, personal de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) inició el allanamiento en la vivienda de Hinojosa, quien está siendo investigado por facilitar la contratación de Frigoinca, un proveedor de productos no aptos para consumo humano (como conservas con carne de caballo). En tanto, el Gobierno ha negado cualquier relación entre el vocero y esta compañía durante la gestión de Boluarte como ministra (2021-2022).

Según un informe de Punto Final, que destapó una presunta red de corrupción de funcionarios que llevó a la destitución de 22 miembros de Qali Warma y de la Dirección General de Sanidad e Inocuidad Alimentaria (Digesa), Frigoinca creció durante la gestión de Hinojosa como director del programa social, gracias a los sobornos para asegurarse contratos millonarios con el Estado.

A raíz de este escándalo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) ordenó la “no distribución, no liberación y no consumo, así como el reemplazo de todos los productos” de esta compañía a nivel nacional. Además, anunció la implementación de un nuevo programa, Wasi Mikuna, que incluirá desde el nivel de educación inicial (a partir de los tres años de edad) hasta los niveles de primaria y secundaria.

Wasi Mikuna se desarrollará con modalidades de gestión que involucrarán a los representantes de los padres de familia, comités conformados por la comunidad educativa, entidades de la sociedad civil, el sector privado, organizaciones no gubernamentales, y la cooperación internacional.

El titular del portafolio, Julio Demartini —quien no fue censurado por el Congreso—, destacó en su momento que el Estado debe garantizar una “alimentación de calidad” y aseguró que se había reunido con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para explicarle los detalles de las denuncias.