La Comisión Permanente del Congreso, órgano que asume funciones legislativas durante el receso parlamentario, aprobó en primera votación la modificación de la ley de organizaciones políticas a fin de restituir la posibilidad de que empresas puedan realizar aportes económicos a los partidos políticos.
Además, introduce nuevas disposiciones, como la figura de los aportantes “confidenciales” y ajustes en el uso del financiamiento público directo. La medida ha generado controversia en el pasado, debido a los riesgos asociados a la influencia indebida en las decisiones políticas y la falta de transparencia en el origen de los fondos. Según José Ñaupari, experto en derecho electoral, esta normativa plantea riesgos que merecen un análisis cuidadoso.
¿Cuáles son las consecuencias?
En diálogo con Exitosa, Ñaupari mencionó que uno de los puntos clave de la propuesta es el aumento de los límites para los aportes de personas naturales y jurídicas. Actualmente, el tope es de 120 UIT anuales por partido, pero con la nueva ley se elevaría a 200 UIT. Además, la normativa establece la posibilidad de que una misma persona aporte hasta 500 UIT anuales distribuidas entre varias organizaciones políticas. A esto se suma el aumento del financiamiento permitido mediante actividades proselitistas, que pasaría de 100 UIT a 200 UIT por evento.
Aunque estas modificaciones amplían las posibilidades de financiamiento, Naupari advierte que podrían derivar en una posible “mercantilización” de la política: “Se corre el riesgo de que la política dependa más de los grandes aportes económicos, dejando en desventaja a quienes no posean estos recursos”, expresó el especialista.
Otro aspecto crítico es la eliminación de la presunción de renta ilícita, que implicaba que un aporte no declarado era considerado de origen prohibido. Esto, según el abogado, genera un vacío en la capacidad del sistema electoral para prevenir el ingreso de dinero de actividades ilícitas, como el narcotráfico o la minería ilegal, a través de empresas fachada.
Adicionalmente, la sanción aplicada por aportes no declarados se limita a una multa administrativa de hasta 100 UIT, lo que minaría su efecto disuasorio frente a posibles infracciones.
Otro punto que destacó fue la triplicación del financiamiento público directo que reciben los partidos políticos, lo cual, según Ñaupari, genera dudas sobre su equidad y uso eficiente. Mencionó que pasaría de un 0.1% de la UIT por voto en el actual sistema unicameral a un nuevo cálculo basado en elecciones de diputados y senadores en el sistema bicameral. Además, permitiría que hasta el 50% de estos fondos se destine a gastos ordinarios, como la compra de inmuebles, mobiliario, servicios de asesoría y contratación de personal, algo que el experto considera abierto a interpretaciones discrecionales.
En dicho contexto, el especialista cuestionó la falta de mecanismos que regulen la relación entre los aportantes y los beneficiarios de estos recursos. Señaló que no se han creado restricciones claras para impedir que las empresas que financien campañas accedan posteriormente a contrataciones directas con las entidades públicas dirigidas por los partidos que respaldaron.
En sus palabras, “si bien sería posible restituir los aportes de empresas, debieron incluirse salvaguardas indispensables, como prohibir a los aportantes ser contratistas del estado mediante contrataciones directas. Esa omisión deja abierta la puerta a riesgos de corrupción y conflictos de interés”.
Finalmente, Ñaupari advirtió que la entrada masiva de capital privado en las campañas políticas podría comprometer la independencia de los candidatos electos, quienes quedarían endeudados económicamente con sus patrocinadores.
¿Cuántos partidos están inscritos?
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene registradas 39 organizaciones políticas habilitadas para participar en las próximas elecciones generales 2026 en las que se elegirá al próximo presidente, senadores y diputados del Congreso de la República.
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