El Poder Judicial ordenó la excarcelación de Mateo Castañeda, exabogado de Dina Boluarte, al no encontrar elementos suficientes que indiquen un posible peligro de fuga o de obstaculización de la justicia en el caso “Los Waikys en la sombra”. En este mismo caso está implicado Nicanor Boluarte, quien permanece prófugo. Cabe señalar que el magistrado dispuso la imposición de reglas de conducta y un impedimento de salida del país.
La Quinta Sala Penal de Apelaciones declaró fundada la apelación presentada por Castañeda, quien es defendido por su abogado Humberto Abanto, contra la prisión preventiva impuesta por el juez Richard Concepción Carhuancho.
Durante la audiencia, los magistrados destacaron que debían aplicarse las leyes 32108 y 32138, recientemente aprobadas por el Congreso, las cuales modifican las normativas y establecen los requisitos para identificar a una organización criminal y sus miembros. En ese sentido, el tribunal precisó que el delito de tráfico de influencias imputado al investigado solo conlleva una pena de tres años de prisión, lo cual no alcanza la prognosis mínima de cinco años requerida para dictar prisión preventiva.
Además, señalaron que el Ministerio Público no presentó de manera suficiente el rol que Castañeda habría desempeñado en la presunta red de corrupción, destacando que los mismos hechos también son imputados a Nicanor Boluarte.
El juzgado dispuso una serie de medidas para el investigado, entre las que se incluyen la obligación de no cambiar de domicilio sin previa autorización judicial, comparecer cada 30 días e informar sobre sus actividades. Además, deberá presentarse ante el Ministerio Público cuando sea requerido, con la prohibición de comunicarse directa o indirectamente con los demás involucrados en el caso. También se le impuso una restricción de salida del país por un plazo de 36 meses, y se le fijó una garantía económica de 10 mil nuevos soles, la cual deberá depositar dentro de los próximos 30 días.
Revocan la prisión preventiva ordenada por Concepción Carhuancho
En noviembre del presente año, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó una prisión preventiva de 24 meses contra el exabogado de la presidenta de la República, en el marco del caso ‘Los Waykis en la sombra’. Esta medida, que tenía una duración doce meses menor que la impuesta a Nicanor Boluarte, fue dictada mientras duren las investigaciones.
En la misma audiencia, el juez Concepción Carhuancho también ordenó 36 meses de prisión preventiva para Noriel Chingay Salazar. La decisión se tomó en el contexto de las diligencias que se les siguen por presunta pertenencia a una red de organización criminal y tráfico de influencias.
Se tenía previsto que Castañeda Segovia cumpliese la medida de prisión preventiva hasta el 23 de noviembre de 2026; sin embargo, con el nuevo fallo judicial, esta disposición ha quedado sin efecto.
Durante dicha audiencia, el magistrado consideró que Castañeda intentó obstruir la investigación al gestionar que Iván Siucho Neira se acogiera a la figura de colaborador eficaz. El cuñado del futbolista Edison Flores señaló que el abogado le solicitó atribuirse S/15 mil que se encontraban en su oficina.
Además, Castañeda fue acusado de intentar influir en agentes policiales encubiertos, identificados como ‘Carlos’ y ‘René’, con el fin de frenar una investigación fiscal contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta. Esto ocurrió a pesar de que en ese momento no ejercía su defensa legal.
¿Quiénes son ‘Los Waykis en la Sombra’?
La investigación sobre esta presunta organización criminal comenzó en mayo de 2024, cuando el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) detuvo de manera preliminar a Nicanor Boluarte y a otros implicados.
Según la Fiscalía, el grupo buscaba consolidar su poder político mediante el control de cargos clave, como prefectos y subprefectos, los cuales eran utilizados para fortalecer la influencia del partido político Ciudadanos por el Perú. Además, se señala que los miembros de esta red solicitaban pagos a cambio de estos nombramientos, afectando principalmente a regiones como Cajamarca. Los principales implicados en este caso son:
- Nicanor Boluarte (con prisión preventiva por 36 meses): Hermano de la presidenta Dina Boluarte, señalado como líder de la red.
- Mateo Castañeda: Exabogado de Dina Boluarte, acusado de ser el “brazo legal” de la organización.
- Jorge Luis Ortiz Marreros (con prisión preventiva por 36 meses): Exdirector de Gobierno Interior, quien habría aprobado los nombramientos gestionados por la red.
- Zenovia Griselda Herrera Vásquez (con prisión preventiva por 36 meses): Encargada de proponer candidatos para ocupar cargos estratégicos.
- Jorge y Noriel Chingay Salazar (con prisión preventiva por 36 meses): Coordinadores en Cajamarca, acusados de solicitar pagos ilícitos por designaciones.
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