Proponen excluir a terroristas de beneficios penitenciarios: condenados mayores de 80 años seguirían cumpliendo sus penas

A menos de una semana de su incorporación a la bancada de Renovación Popular, la congresista Patricia Chirinos, junto a su colega Norma Yarrow, presentó un proyecto de ley que busca excluir a los sentenciados por delitos de terrorismo de beneficios penitenciarios, como prisión domiciliaria, libertad condicional o comparecencia restringida por edad avanzada. La iniciativa argumenta que estos beneficios representarían un riesgo para la seguridad nacional al facilitar la reorganización de actividades subversivas.

Ambas parlamentarias anunciaron la presentación de la propuesta a través de redes sociales. “No podemos permitir que se premie a los terroristas. Estos criminales asesinaron a peruanos inocentes, destruyeron familias y casi arruinan nuestra economía”, expresó Chirinos en su cuenta de X.

El Proyecto de Ley N°9810/2024-CR propone modificar el artículo 22 del Código Penal, que regula la responsabilidad restringida por edad avanzada. La propuesta se fundamenta en el contexto de violencia que vivió el país entre 1980 y 2000, periodo en el que grupos terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) perpetraron actos que dejaron miles de muertos, desaparecidos y desplazados.

El documento advierte que líderes condenados, como Elena Iparraguirre y Margot Liendo, mantienen su ideología radical y capacidad de influencia, lo que constituye una amenaza latente para la sociedad. Elena Iparraguirre, conocida como “Camarada Miriam” y pareja de Abimael Guzmán, fue la número dos de Sendero Luminoso y participó en la planificación de múltiples atentados. Actualmente tiene 77 años y podría acceder a beneficios por edad avanzada. Margot Liendo, de 75 años, fue capturada en 1992 como parte de la cúpula senderista desarticulada ese año.

El documento también hace referencia a la evolución de la legislación antiterrorista en el Perú, que en su momento incluyó medidas excepcionales como los tribunales “sin rostro” y los juicios sumarios. Estas disposiciones, sin embargo, fueron posteriormente revisadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a vulneraciones de derechos fundamentales.

A pesar de las reformas judiciales, el texto sostiene que la concesión de beneficios penitenciarios a terroristas es incompatible con la seguridad pública y con el daño irreparable causado a las víctimas. Argumenta que los beneficios humanitarios deben aplicarse de manera estricta en casos de terrorismo, ya que otorgarlos de forma indiscriminada podría facilitar la reorganización de actividades subversivas.

Asimismo, subraya que la superpoblación carcelaria no debe ser un argumento válido para flexibilizar dichas disposiciones, pues la seguridad nacional debe prevalecer sobre otros factores.

Según el proyecto legislativo, la modificación del artículo 22 del Código Penal contribuiría a la estabilidad política y social al garantizar que los responsables de estos crímenes permanezcan bajo condena, evitando su reorganización. “Esta estabilidad es clave para atraer inversiones y promover el desarrollo económico, lo que beneficia a largo plazo las finanzas del país”, se lee.

En términos económicos, el análisis del proyecto concluye que su implementación no generará costos adicionales, ya que no requiere nuevas estructuras ni recursos adicionales. Por el contrario, sostiene que fortalecerá la seguridad nacional y contribuirá a la estabilidad social y económica del país.

El proyecto de ley lleva las firmas de los congresistas de Renovación Popular: Alejandro Muñante, María Córdova, María Jáuregui, Jorge Zeballos y Miguel Ángel Ciccia.