Sentencian a 5 años de prisión a mujer que participó en protestas contra Dina Boluarte y denunció agresión de policías

En febrero 2023, cuando al menos 49 civiles habían muerto por proyectiles de arma de fuego, durante las protestas contra Dina Boluarte, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de la ciudad de Puno que se investiguen las presuntas agresiones que habría sufrido la ciudadana Fermina Pandia Laura, luego de ser detenida durante un operativo policial en el centro poblado Alto Puno. Más de un año después la mujer ha sido sentenciada a cinco años de pena privativa de libertad con carácter de suspendida por el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Puno.

Inicialmente, la Fiscalía había solicitado seis años y 4 meses y 5 mil soles de reparación civil contra la madre de familia identificada como Fermina Pandia Laura. El fiscal adjunto provincial Eddy William Cáceres Caxi fue quien realizó la acusación y argumentó que “el 10 de febrero de 2023, un grupo de personas venían ocasionando disturbios en Alto Puno, generando bloqueo de vías y pidiendo dádivas a diversos conductores con la finalidad que puedan pasar por la zona”. Añadió que, aquella vez, el personal policial acudió al lugar para desbloquear la vía, ahí se generó “un enfrentamiento por parte de los manifestantes con los efectivos del orden, instantes donde la ahora sentenciada habría intentado arrebatarle el arma de fuego a un efectivo policial”.

Por su parte, el abogado Gerbeth Huanca mostró su rechazo por lo que considera un intento por criminalizar las protestas sociales de ciudadanos. “Desde mi punto de vista, es un mensaje muy preocupante para la sociedad en su conjunto, porque se interpreta como si las protestas sociales están siendo criminalizadas en la actualidad”, indicó según recoge el medio local Onda Azul. Con la sentencia, Pandia tendrá que cumplir con diversas reglas de conducta y, de cometer otro falta o su sentencia se haría efectiva y sería encarcelada.

Agresión contra Fermina Pandia

Cuando Fermina Pandia Laura fue detenida en febrero 2023 y trasladadas a Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú, en Puno, la Defensoría del Pueblo pudo verificar que estaba ensangrentada y al ser consultada, manifestó que al momento de la intervención fue agredida por los efectivos policiales intervinientes. Aquella vez, la Defensoría solicitó que se le practicara la evaluación médico legal. De acuerdo con el certificado, la ciudadana tenía una herida abierta de 4 cm, con borde tumefacto (hinchado) en región frontal izquierda.

Ante ello, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura solicitaron que, durante el desarrollo de las investigaciones, se tome en cuenta la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas y su Protocolo Facultativo, así como la aplicación del Protocolo de Estambul, con la finalidad de detectar y documentar la presunta comisión del delito de tortura, previsto y sancionado en la legislación penal. La institución se comprometió a hacer seguimiento a las investigaciones de este caso, para determinar a los responsables de las agresiones.

Morgan Quero califica a “ratas” a víctimas de las protestas

El mismo día en que se conociera esta sentencia, el ministro de Educación Morgan Quero lanzó unas condenables declaraciones al término de una actividad oficial en la región de Piura, en relación a las decenas de muertos durante las protestas de finales del 2022 y comienzos del 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte.

Una periodista del diario La República, le consultó por el nulo pronunciamiento del Ejecutivo ante el Día de los Derechos Humanos, específicamente, en relación a las víctimas de la represión policial en las manifestaciones a nivel nacional por la asunción de Boluarte Zegarra a la Presidencia del Perú luego del fallido golpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo. Al respecto, Quero respondió: “Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”.

Minutos después, intentó corregir sus declaraciones y aseguró que se refería a los violadores de menores y no a las víctimas de las protestas.