
El Ejército del Perú, que en conjunto con el Ejecutivo busca evitar que la Fiscalía acceda a los planes de operación llevados a cabo durante las protestas contra la presidenta Dina Boluarte; ahora suma acciones de respaldo en favor de quienes han sido acusados de perpetrar crímenes como el homicidio calificado y lesiones contra ciudadanos peruanos. Infobae Perú accedió a un documento interno de la entidad perteneciente a las Fuerzas Armadas en el que se expresan “felicitaciones” a quienes habrían integrado la cadena de mando durante la incursión en la región de Puno durante las protestas suscitadas en enero del 2023.
El Ejército del Perú, también emitió un documento interno como respuesta a un acta de evaluación, en el que expresa, bajo el título de “felicitación”, su agradecimiento a diez agentes del Ejército que participaron en las acciones desplegadas el 9 de enero del 2023. El documento surge como respuesta al acta de Evaluación N°025/III DE/ 4a Brigada de Montaña/SEPER/A-2/02.00.02.
Las felicitaciones cuestionadas del Ejército

En esta misiva, emitida en junio del 2023, se precisa que los efectivos militares no solo habían realizado una “destacada labor puesta en manifiesto”, sino que para el Ejército, su trabajo había sido efectuado de manera “eficiente, mostrando dedicación, gran espíritu de cuerpo, responsabilidad y amplia iniciativa desde el 6 de enero hasta el 4 de marzo del presente año”.
“Se resuelve felicitar al siguiente personal militar (coronel de infantería) Pariona López Víctor, (teniente coronel) Salas Sotelo Julio, (teniente coronel) Muñoz Valverde Omar Virgilio, (teniente coronel) Guzmán Lasteros Henry Vasili, (teniente coronel) Reyes Gonzales Cristian, (teniente coronel) Rivera Liza Rolando Harry, (mayor) Loayza Pocco Raúl, (mayor) Masco Apaza Edith, (capitán) Vega Falcon David, (capitán) Cotrina Vasquez Jorge Orlando”,

Ese trabajo, al que el Ejército llamó eficiente, dio como resultado un saldo de 17 muertos que ahora la fiscal Nancy Chávez del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas Durante las Protestas Sociales (EFICAVIP) indaga en etapa preparatoria.
Aun así, el documento señala que los 10 efectivos lograron “defender y neutralizar los ataques por parte de manifestantes en el aeropuerto internacional Inca Manco Cápac-Juliaca, recuperar el libre tránsito en toda la red vial de Puno, lograr la reinstalación de comisarías atentadas por manifestantes, en Macusani, Queñuani, y el Puesto de Vigilancia de Fronteras de Kasani”.
Las imputaciones de la Fiscalía contra dos miembros implicados en asesinatos

Lo que omite completamente este documento, que en sí lo que muestra es el respaldo del Ejército a militares que participaron en la incursión a Puno, es que dos de los felicitados se encuentran investigados formalmente por el EFICCAVIP. Estos son Víctor López Pariona y Henry Guzmán Lasteros, quienes son señalados por la Fiscalía de haber cometido los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves en contra de ciudadanos de Puno. Esto quiere decir asesinato y abusos en contra de civiles.

Según la resolución de formalización de investigación preparatoria, Víctor Pariona López fue identificado por diversos miembros subalternos del Ejército ante la Fiscalía de la Nación como el encargado de la cadena de mando en la intervención de las Fuerzas Armadas en el Aeropuerto Inca Manco Cápac. En las declaraciones de este agente, se precisa “A la cabeza de la cadena de mando estaba el General del Nombre “Alarcón Elera”, le seguía el Coronel de nombre Pariona”.
Por otro lado, en el caso de Henry Vasili Guzmán Lasteros, existían señalamientos de que fue este quien emitió la orden de prestar apoyo en grupos a la PNP al resto de miembros del Ejército. Nuevamente, los señalamientos pesan sobre él cuando se precisa que “en nuestra patrulla (el encargado de la línea de mando) era el comandante Henry Vasili Guzmán Lasteros, los demás, desconozco si había otros mandos(...)”.

Pero existe un personaje más, Raúl Loayza Pocco, quien, si bien no se encuentra comprendido en las investigaciones, las declaraciones a la Fiscalía lo señalan de haber cumplido un papel crucial dentro del despliegue de acciones, pues en su momento era el asesor legal de la Cuarta Brigada de Montaña; y cuya responsabilidad era la de instruir al batallón acerca del “DL 1095 empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas; procedimiento para el uso de arma de fuego, y las reglas de Conducción Operativa”.

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