El Gobierno peruano alcanzó un acuerdo con el fondo norteamericano Gramercy para pagar una indemnización relacionada a los bonos de la Reforma Agraria. Según un comunicado de la Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el acuerdo permitirá al país “ahorrar” más de US$25 millones en comparación con el monto inicialmente establecido por el laudo arbitral.
Este laudo, emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), había condenado al Estado peruano a pagar US$100 millones por la adquisición de 10.000 bonos agrarios por parte de Gramercy entre 2006 y 2008. El acuerdo transaccional, que se logró tras negociaciones iniciadas en septiembre de 2023, establece un pago fraccionado en tres cuotas.
Perú ya ha formalizado el primer pago, y Gramercy ha devuelto los títulos cancelados, los cuales serán custodiados por el MEF. Esta resolución busca mitigar el impacto financiero para el país, reduciendo el monto total a pagar a la empresa estadounidense.
Hace un mes, se había informado que el monto a pagar sería de US$40 millones, pero las negociaciones permitieron reducir aún más la cifra. Este proceso de negociación ha sido clave para alcanzar un acuerdo que beneficia a ambas partes, permitiendo al Perú cumplir con sus obligaciones internacionales mientras gestiona de manera eficiente sus recursos económicos.
El caso se originó por la inversión de Gramercy en bonos de la reforma agraria, un tema que ha sido objeto de controversia y litigios internacionales. El laudo del CIADI había impuesto una carga significativa sobre el Estado peruano, pero el reciente acuerdo representa un alivio financiero importante.
Los bonos agrarios y la demanda contra el Estado peruano
Gramercy Funds Management LLC y Gramercy Peru Holdings LLC han solicitado un pago de US$1.800 millones al Estado peruano, según un arbitraje presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
La demanda se basa en la compensación que la empresa estadounidense considera justa por su inversión en los Bonos de la Reforma Agraria. Estos bonos fueron adquiridos entre 2006 y 2008, y su valor actualizado es el centro de la disputa.
Como compensación, el Estado peruano emitió bonos a los propietarios afectados. Sin embargo, la valoración de estos bonos ha sido objeto de controversia durante años, lo que ha llevado a la actual disputa legal.
La adquisición de los bonos por parte de Gramercy se produjo en un contexto de incertidumbre sobre su valor real. La empresa sostiene que el monto reclamado refleja el valor actualizado de su inversión, teniendo en cuenta los intereses acumulados y la inflación.
Este caso se suma a una serie de disputas internacionales en las que el CIADI ha intervenido, reflejando la complejidad de las compensaciones por expropiaciones en el ámbito global.
¿Qué fue la Reforma Agraria?
En Perú, la reforma agraria promulgada el 9 de junio de 1969 por el general Juan Velasco Alvarado marcó un hito en la historia del país, poniendo fin a la era oligárquica.
Este cambio radical fue el resultado de un proceso que buscaba redistribuir la tierra cultivable, un recurso que se había vuelto escaso a medida que la población peruana crecía, alcanzando niveles similares a los de la época de la conquista española en 1532.
Según datos del censo de 1940, la población peruana era de aproximadamente 7,7 millones de habitantes. Sin embargo, la cantidad de tierra cultivable había disminuido drásticamente desde el siglo XVI.
El territorio peruano, caracterizado por su complejidad geográfica, ha dependido históricamente del trabajo humano para crear y mantener tierras cultivables. Durante el periodo colonial y postcolonial, la disminución de la población indígena significó que había más tierra disponible de la que se podía trabajar, lo que llevó al abandono de técnicas agrícolas avanzadas como las chacras hundidas y los andenes.
Para mediados del siglo XX, cuando la población peruana volvió a alcanzar niveles similares a los de la conquista, la tierra disponible ya no era suficiente para satisfacer las necesidades de la población.
Este contexto de escasez de tierra cultivable fue uno de los factores que impulsaron la reforma agraria de 1969, que buscaba redistribuir la tierra de manera más equitativa entre los campesinos y reducir el poder de las élites terratenientes.
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