En lugar de sumar, restan

La atención de cualquier problema público, que afecta a la población en su conjunto y que requiere de la intervención del Estado para ser resuelto, demanda un ejercicio consciente y reflexivo sobre el mismo, para diseñar e implementar políticas efectivas. Exige un análisis de actores, sobre los cuáles se asignen responsabilidades y así sumar esfuerzos.

Qué duda cabe, que uno de los principales problemas que afecta a la población es la inseguridad y el crimen organizado. Gobierno central, jueces y fiscales, serían los principales responsables de la escalada de la delincuencia en nuestro país, según una encuesta de Ipsos. La falta de resultados de las políticas para contrarrestar esta situación obliga a las personas y empresas de todo tamaño a invertir en seguridad.

En el Perú, los costos directos asociados a combatir el crimen y la violencia representan alrededor del 2.82% del PBI, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El costo privado representaría el 1.88% del PBI, por encima del promedio de la región. Las empresas, en lugar de optimizar sus recursos para ofrecer mejores bienes y servicios de calidad, gastan en seguridad: guardianía especializada, cámaras, seguros, etc.

Desde el Congreso, en lugar de sumar, restan. El congresista Darwin Espinoza, de la bancada Podemos Perú, plantea crear un impuesto a las grandes empresas para, a su entender, acortar las brechas en materia de seguridad ciudadana. Esto devela un sesgo ideológico para afrontar los problemas públicos. Es absurdo sostener que al cargar con un impuesto adicional a las grandes empresas habría un impacto positivo en la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado.

Nunca ha sido un problema de recursos, sino de falta de capacidades para ejecutarlos eficientemente. Las municipalidades cuentan con presupuestos para la “reducción de delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana”. Al mes de noviembre, en lo que se refiere a proyectos asociados a dicha partida presupuestal, han ejecutado el 61%. En el interior del país, municipalidades de los departamentos de Madre de Dios, Huancavelica, La Libertad y Puno, apenas han ejecutado el 24.4%, 25.4%, 34.8% y 37.5%, respectivamente.

Desde el Ejecutivo se viene apostando por decretar Estados de Emergencia en determinadas ciudades, lo que estaría dando una suerte de resultados para efectos de reducir números. En el periodo julio-setiembre de 2024, las denuncias por comisión de delitos se habrían reducido en un 6.8%, con respecto al mismo periodo del año pasado; mientras que las denuncias contra el patrimonio se habrían reducido en un 8.2%, según cifras del Ministerio del Interior.

No obstante lo anterior, en el periodo mayo 2024 – octubre 2024, el 85.6% de la población del área urbana a nivel nacional percibe que en los próximos doces meses puede ser víctima de algún hecho delictivo que atente contra su seguridad, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esto refleja un aumento de 2.2 puntos porcentuales con relación al periodo mayo 2023 – octubre 2023.

Seamos conscientes que los Estados de Emergencia terminarían siendo un paliativo temporal. Nada nos asegura que luego del levantamiento de los mismos, el hampa no regrese a la carga, con mayor fuerza aún. Hace falta políticas integrales que involucren no solamente a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, sino también a la administración de justicia, que vendría siendo el último eslabón en el objetivo de contrarrestar la violencia y el crimen organizado.

Hacer política pública, en cualquier área, no es cosa de juego ni mucho meno de ideologías. La evidencia y la realidad deberían ser tomadas en cuenta por quienes plantean soluciones alternativas a los problemas públicos. Mal hacen legisladores como el congresista Espinoza en dejarse llevar por apasionamientos de antaño, desfasados y de nulo resultado. El día en que realmente se legisle poniendo al ciudadano en el centro, sumarán. Por lo pronto, restan.