El Poder Judicial dictó una sentencia condenatoria a varios exmilitares y exfuncionarios implicados en los crímenes ocurridos en 1992 en el caso conocido como Caso Pativilca. Tras años de investigación y juicio, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria sentenció a Santiago Martín Rivas, líder del grupo paramilitar Colina, a 18 años de prisión por su participación en el asesinato de seis comuneros en los distritos de Pativilca y Caraqueño, en la provincia de Barranca, Lima.
Santiago Martín Rivas, identificado como el responsable de coordinar los operativos del grupo Colina en la zona, fue condenado por los delitos de homicidio con alevosía y desaparición forzada. Según los testimonios durante el juicio, Rivas jugó un rol central en la ejecución de estos crímenes, que incluyeron el asesinato de seis campesinos de la región, quienes fueron asesinados de manera brutal en el contexto de una campaña de represión política.
Por su parte, Juan Rivero Lazo, exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte), fue sentenciado a 20 años de prisión por su vinculación con estos crímenes. Otros miembros del grupo Colina, como Carlos Pichilingue Guevara y Julio Chuqui Aguirre, recibieron condenas de 18 y 15 años de prisión, respectivamente. Estos exagentes también fueron hallados culpables de homicidio calificado por su participación en los asesinatos de los comuneros.
Crímenes y víctimas: el impacto del Caso Pativilca
Los crímenes cometidos en Pativilca incluyeron el asesinato de seis comuneros: Jhon Gilber Calderón Ríos, César Olimpio Rodríguez, Toribio Joaquín Ortiz, Pedro Agüero, Nieves Arias y Felandro Castillo. Las víctimas eran campesinos que residían en los distritos de San José y Caraqueño, en Barranca, y fueron atacadas en un operativo ejecutado por el grupo paramilitar Colina, conocido por su brutalidad durante los años de lucha contra grupos subversivos en la década de 1990.
Además de estos homicidios, el grupo Colina también fue responsable del secuestro y asesinato de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, en Lima. Las víctimas fueron acusadas injustamente de tener vínculos con el grupo terrorista Sendero Luminoso, y luego de ser detenidas, fueron trasladadas a un lugar desconocido donde fueron torturadas antes de ser asesinadas.
Caso Pativilca: otras condenas
En enero de este año, Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial de Fujimori, fue condenado a 9 años y 8 meses de prisión por su responsabilidad mediata en los homicidios y desapariciones forzadas. Además, se le impuso el pago de una reparación civil de 500 mil soles a las familias de las víctimas.
En cuanto al fallecido expresidente Alberto Fujimori, quien fue vinculado al caso, la Corte Suprema de Chile había autorizado la ampliación de su extradición en 2005, pero se declaró la extinción del proceso en su contra tras su fallecimiento el pasado mes de septiembre, lo que puso fin a cualquier procedimiento judicial en su contra por estos crímenes.
El caso también dejó ver las condiciones de salud de varios de los procesados. Por ejemplo, Nicolás Hermoza Ríos, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Fujimori, fue exonerado de su condena por motivos de salud.
32 años de espera
Las familias de las víctimas del caso Pativilca esperaron 32 años para obtener justicia por las violaciones a los derechos humanos que sufrieron sus seres queridos. Las víctimas fueron John Calderón Ríos (18), Toribio Ortiz Aponte (25), Felandro Castillo Manrique (38), Pedro Agüero Rivera (35), Ernesto Arias Velásquez (27) y César Rodríguez Esquivel (29), quienes fueron asesinados tras ser acusados falsamente de pertenecer al grupo terrorista Sendero Luminoso.
Tras el hallazgo de los cuerpos, la Fiscalía ordenó exhumaciones y peritajes para obtener nuevas pruebas que confirmaran las desapariciones y muertes de las víctimas. Estos exámenes, realizados por el Equipo Forense Especializado (EFE), revelaron signos de tortura en algunos de los cuerpos y la presencia de proyectiles de pistolas. Las pruebas reforzaron la teoría de que las víctimas fueron torturadas antes de ser asesinadas por el Grupo Colina.
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