El Ministerio de Cultura de Perú (Mincul) ha presentado un proyecto de ley con el objetivo de modificar y agregar artículos al Código Penal en relación con los delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación. El proyecto propone penas de prisión de entre 4 y 8 años para quienes cometan delitos contra bienes culturales o induzcan a su comisión. Además, se prevé una pena más severa para los funcionarios públicos que omitan sus responsabilidades o faciliten estos delitos, con penas de entre 5 y 10 años de prisión.
Una de las principales modificaciones se refiere a la compra y venta de bienes culturales robados. En este aspecto, el proyecto de ley propone una agravante para los bienes muebles del patrimonio cultural peruano, imponiendo penas de prisión de 4 a 6 años para quienes participen en la comercialización ilegal de estos bienes.
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El Perú es reconocido por su rica herencia cultural y la diversidad de huacos que reflejan las distintas civilizaciones que habitaron el territorio. Sin embargo, el tráfico ilegal de bienes culturales sigue siendo un problema persistente. Este comercio clandestino que tiene siglos de historia en el país, inicia con los ‘huaqueros’, quienes desentierran piezas arqueológicas valiosas para venderlas a intermediarios a precios bajos.
“Normativa requiere actualización urgente”
El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, explicó que la propuesta responde a la necesidad de adaptar la legislación vigente, que data de 1991, a los nuevos desafíos relacionados con la protección del patrimonio cultural. En su intervención ante la Comisión de Cultura del Congreso de la República el pasado 16 de septiembre, Valencia subrayó que Perú fue uno de los primeros países en América Latina en incluir la protección del patrimonio cultural en el Código Penal, pero que esta normativa requiere una actualización urgente.
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El Mincul ha puesto el proyecto de ley a disposición del público en su portal web (www.gob.pe/cultura) para recibir comentarios y sugerencias de ciudadanos, instituciones y expertos en el tema. El plazo para la consulta pública finalizará el 12 de diciembre de 2024, después del cual el proyecto será revisado y posiblemente modificado antes de su presentación formal al Congreso de la República.
Medidas de seguridad en Machu Picchu
Esta propuesta se da en un contexto donde el gobierno de Perú, a través del Ministerio de Cultura, anunció un plan para fortalecer la seguridad en el Parque Arqueológico de Machu Picchu luego de que un video viral mostrara a dos turistas esparciendo presuntas cenizas humanas en la ciudadela inca, un lugar considerado sagrado. Este incidente ha generado un intenso debate en redes sociales sobre la protección del patrimonio cultural y la necesidad de regular ciertas prácticas en espacios históricos.
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El jefe del Parque Arqueológico de Machu Picchu, César Medina, explicó que se implementarán medidas adicionales de seguridad en el recinto para prevenir hechos similares en el futuro. Entre las acciones propuesta, el jefe mencionó la instalación de más videocámaras de vigilancia y la contratación de un mayor número de personal encargado de supervisar a los visitantes nacionales y extranjeros. Actualmente, el recinto cuenta con solo cuatro cámaras de seguridad y un equipo reducido de vigilantes, lo que ha resultado insuficiente para controlar el ingreso diario de miles de turistas.
En ese sentido, Medina subrayó que estos cambios buscan no solo proteger la integridad del sitio, sino también reforzar el respeto hacia su significado cultural y religioso. Las autoridades locales trabajan además en campañas de concienciación para educar a los turistas sobre la importancia de preservar este lugar declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1983.
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