Una nueva polémica sacude las relaciones entre los poderes del Estado. La congresista Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial, presentó una denuncia constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por supuestamente infringir la Constitución al declarar infundada una demanda competencial presentada por el Congreso contra el Poder Judicial.
Medina apuntó contra los magistrados Luz Pacheco, Helder Domínguez, Manuel Monteagudo y César Ochoa, señalando que violaron los artículos 139 y 202 de la Constitución al emitir su fallo sin el quórum necesario.
Según la legisladora, tres de los siete magistrados del TC se retiraron antes de la votación, dejando a sus colegas decidir sobre un tema de alta sensibilidad: la restitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez e Inés Tello, quienes habían sido destituidos por el Congreso.
Una denuncia con alto impacto político
En su denuncia, Medina solicitó la destitución inmediata de los magistrados y su inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos, un castigo que podría marcar un precedente en la historia del Tribunal Constitucional. “Al momento de iniciar la supuesta votación, ya no se contaba con el quórum necesario en la sesión de Pleno”, se lee en el documento presentado al Congreso, donde la legisladora detalló el presunto incumplimiento de la Ley Orgánica del TC y su reglamento interno.
El trasfondo de esta controversia tiene ramificaciones políticas significativas. La demanda competencial presentada por el Congreso buscaba revertir una decisión judicial que dejó sin efecto la destitución de los miembros de la JNJ. Al declararla infundada, el TC no solo respaldó la decisión del Poder Judicial, sino que desató una ola de críticas desde sectores legislativos que ven este fallo como una afrenta a su autoridad.
El documento será evaluado por la Comisión de Acusaciones Constitucionales, que decidirá si la denuncia avanza al Pleno del Congreso. Este paso será clave para determinar si los magistrados enfrentan un proceso que podría alterar el equilibrio entre los poderes del Estado.
Congreso redujo mandato del presidente del JNE
Roberto Burneo, magistrado de la Corte Suprema, asumió recientemente como presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del Perú, pero su permanencia en el cargo podría estar en riesgo debido a una reforma constitucional en proceso. El Congreso de la República aprobó en primera votación una modificación de cuatro artículos de la Constitución Política del Perú, que afecta directamente al JNE, entidad responsable de las elecciones generales de 2026.
La reforma, defendida por Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución y miembro de Fuerza Popular, propone que el presidente del JNE sea elegido por los cinco miembros del colegiado del organismo electoral, en lugar de ser un representante de la Corte Suprema del Poder Judicial. Esta medida fue aprobada con 89 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones.
El texto aprobado establece que el titular del JNE, al entrar en vigor la nueva ley, será elegido por el pleno del organismo electoral, reemplazando a quien esté en ejercicio del cargo en ese momento. Esto implica que si el Congreso supera una segunda votación, el futuro de Burneo como presidente del JNE podría cambiar antes de junio de 2025.
Además, la reforma constitucional incluye la reducción del periodo presidencial del JNE de cuatro a dos años, sin posibilidad de reelección. Esta modificación requiere una segunda votación para entrar en vigor, lo que mantiene la situación de Burneo en un estado de incertidumbre.
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